La Justicia de Córdoba resolvió enviar a juicio a Miguel Ángel Tallone y a sus hijos Franco y Romina Tallone, acusados de integrar una maniobra que habría dejado un perjuicio superior a los 600 mil dólares y 800 millones de pesos a al menos 22 víctimas.
La Fiscalía de Instrucción de 27° Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, requirió la citación a juicio de Miguel Ángel Tallone, Franco Tallone y Romina Tallone, a quienes se les atribuyen 22 hechos de estafa cometidos a través de las empresas Crea Grupo Constructor SRL, Crea Grupo Constructor SAS y MFRT S.A.S.
Según la investigación, los imputados ofrecían la construcción financiada de viviendas y piletas bajo distintas modalidades constructivas, entre ellas sistemas tradicionales, Steel Frame, Emmedue y Wood Frame, mediante la modalidad «llave en mano». De esa forma captaban fondos de particulares que buscaban acceder a su vivienda propia.
La Fiscalía sostiene que para concretar las operaciones habían montado una estructura comercial en barrio Urca, en la ciudad de Córdoba, con oficinas de gran tamaño, vendedores, arquitectos y una fuerte estrategia publicitaria que incluía imágenes de supuestos avances de obras y promociones difundidas a través de internet y redes sociales.
Sin embargo, la acusación sostiene que los responsables sabían que las obras contratadas no serían entregadas en los plazos comprometidos y que, en numerosos casos, directamente nunca llegaron a iniciarse.
Millonario perjuicio
De acuerdo con la causa, el perjuicio económico ocasionado a las víctimas supera los 600.000 dólares estadounidenses y los 800 millones de pesos, cifra actualizada mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las denuncias señalan que los clientes realizaban entregas de dinero y pagos por etapas para avanzar con las construcciones. En algunos casos incluso aportaron terrenos propios o utilizaron créditos hipotecarios para financiar las obras.
Con el paso del tiempo comenzaron los incumplimientos, las demoras y las explicaciones que nunca llegaron a concretarse en avances reales. Finalmente, muchos de los damnificados optaron por presentar denuncias ante Defensa del Consumidor y posteriormente ante la Justicia.
Cambios de domicilio y reclamos sin respuesta
Según surge de la investigación, la empresa inició sus actividades en 2019 con oficinas ubicadas en un centro comercial de barrio Urca y posteriormente se trasladó a barrio Alejandro Centeno.
Los denunciantes sostienen que hacia fines de 2023 resultó cada vez más difícil localizar a los responsables de la firma y que los reclamos dejaron de ser atendidos.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, hasta el momento, la investigación no habría podido acreditar la finalización de viviendas construidas íntegramente por la empresa, mientras que algunos damnificados lograron terminar sus casas únicamente mediante aportes propios.
Una modalidad que se repite
La investigación describe una operatoria similar a la observada en otros casos de presuntas estafas inmobiliarias ocurridos en Córdoba durante los últimos años: captación de clientes mediante promesas atractivas, recepción de importantes sumas de dinero, incumplimientos reiterados, paralización de obras y dificultades para obtener respuestas o recuperar los fondos invertidos.
La causa cuenta con la participación de varios querellantes particulares y, tras el requerimiento de elevación a juicio, será la Cámara correspondiente la que deberá definir la continuidad del proceso judicial contra los tres acusados.
