El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, cuestionó con dureza el allanamiento ordenado por el fiscal Tomás Casas en el marco de la causa que investiga el bloqueo de la compra de drones de seguridad por un monto cercano a los 7 millones de dólares. El funcionario calificó el procedimiento como “penoso” y defendió el accionar del organismo de control.
“Les explicamos lo que ellos ya saben, que dentro del Tribunal de Cuentas ya no está más esta documentación, que es sistémica, no es papel”, afirmó Corvalán, al hacer referencia a la información solicitada por la Justicia durante el operativo.
El allanamiento se produjo en el contexto de la investigación que busca determinar responsabilidades en torno a la paralización de la adquisición de drones destinados a tareas de seguridad. Según explicó el titular del Tribunal de Cuentas, el organismo no conserva documentación física vinculada a la operación, ya que los registros se encuentran digitalizados dentro de los sistemas informáticos oficiales.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, informaron que las autoridades del Tribunal de Cuentas se negaron a entregar la información requerida, situación que motivó el procedimiento ordenado por el fiscal Casas. La versión oficial sostiene que el acceso a los datos solicitados resultaba necesario para avanzar con la investigación.
El cruce de versiones se da luego de que trascendiera que, en el marco de la causa, las autoridades del Tribunal de Cuentas rechazaron aportar documentación vinculada al expediente, al considerar que ya no se encontraba bajo su órbita. Este hecho generó un fuerte contrapunto entre el órgano de control y el Ministerio Público Fiscal.
La causa por la frustrada compra de drones continúa en etapa investigativa, mientras crece la tensión institucional entre la Justicia y el Tribunal de Cuentas, en un caso que volvió a poner en discusión los mecanismos de control, el acceso a la información pública y el uso de sistemas digitales dentro del Estado provincial.
