El femicidio de Rocío Gómez, la joven de 27 años asesinada por su expareja Maximiliano Baudraco en Santa María de Punilla, volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Justicia cordobesa. Mientras se conocen detalles sobre los reiterados incumplimientos del agresor a las condiciones de su condena condicional, el legislador Gregorio Hernández Maqueda anunció que ampliará el pedido de jury contra el juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno y presentará una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso expuso una cadena de advertencias que no derivaron en medidas concretas. Según confirmó la directora del Patronato del Liberado, Patricia Corbalán, el organismo remitió tres informes al Juzgado de Ejecución Penal N° 1 alertando que Baudraco incumplía de manera sistemática las reglas impuestas por la condena: demoró cuatro meses en presentarse por primera vez, nunca realizó las tareas comunitarias ni el tratamiento psicológico obligatorio y tampoco acreditó el cumplimiento de las restantes condiciones. El último informe fue elevado el mismo 20 de julio, pocas horas antes del crimen.
Para Hernández Maqueda, este no es un hecho aislado. Recordó que Moyano Centeno ya había sido denunciado por su actuación en el caso del expolicía Horacio Grasso, quien durante su prisión domiciliaria incumplió en cientos de oportunidades las restricciones impuestas y, posteriormente, abusó y asesinó a Milagros Bastos. «No es el primer caso en el cual el juez de ejecución penal mira para otro lado y no hace el único trabajo que tiene que hacer: controlar que delincuentes peligrosos cumplan las condiciones impuestas por la Justicia», sostuvo.
El legislador afirmó que existen elementos para avanzar con nuevas acciones judiciales y disciplinarias. «Tenemos un caso de mal desempeño, una negligencia grave y una posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso vamos a presentar la denuncia penal y ampliar el pedido de jury», señaló. Además, cuestionó que el Jury de Enjuiciamiento no haya resuelto la denuncia presentada hace un año contra el magistrado, pese a los antecedentes existentes.
Durante una entrevista concedida a Carlos Paz Televisión, Hernández Maqueda también vinculó el femicidio de Rocío con otros hechos recientes de violencia extrema, como el asesinato de Agostina Vega, y aseguró que existe una falla estructural en el sistema judicial cordobés. «Estamos hablando de personas violentas que estaban bajo custodia de la Justicia. No eran desconocidos para el sistema y, sin embargo, nadie actuó a tiempo», expresó.
El legislador sostuvo que las responsabilidades exceden a un solo magistrado y alcanzan a distintos organismos del Poder Judicial y del Ejecutivo provincial. En ese sentido, reclamó revisar los mecanismos de control sobre jueces y fiscales y advirtió que, si no se introducen cambios profundos, los hechos podrían repetirse. «Si esto no cambia, en cuatro o cinco meses estaremos lamentando otra muerte con otro nombre», concluyó.
