La presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto, presentó un recurso contra la decisión del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Hugo Curvino, quien resolvió dar por concluido su reclamo de acceso a la información pública relacionado con la presunta atención incorrecta a una pareja de jubilados asaltados en su vivienda y luego trasladados al Hospital Sayago, donde, según se denunció, no habrían sido atendidos por “tener mutual”.
El reclamo, identificado bajo el Expediente N°1425/25, fue archivado mediante la Resolución N°339/2025 firmada el 19 de septiembre por Curvino, quien argumentó que la concejal presentó el pedido en su carácter de edil, con sello de “Presidenta del Bloque Juntos por Carlos Paz”, y que por ello debía usar los mecanismos previstos en la Carta Orgánica Municipal.
Según la resolución, “sin perjuicio de las acciones que pueda realizar nuestra institución, la concejal Pía Belén Felpeto tiene las herramientas institucionales que le brinda la Carta Orgánica para requerir los informes que estime convenientes al Departamento Ejecutivo”.
Felpeto calificó esta decisión como “una nueva muestra de opacidad institucional” y sostuvo que la medida busca “callar a la gente e impedir la labor de control de sus representantes”.
A su entender, el rechazo “revela una peligrosa confusión sobre el rol de la Defensoría, que debería garantizar los derechos ciudadanos y no convertirse en guardián del silencio oficial”.
“Parece que cuando un concejal cumple con su deber de representar a los vecinos y exigir transparencia, el sistema reacciona cerrando puertas”, expresó la edil en un comunicado que titulo: “El Defensor del Pueblo no quiere que se pregunte. El Defensor de Pueblo se defendió…del Pueblo”.
Recurso y precedentes judiciales
Felpeto adelantó que impugnará la resolución de Curvino y recordó un antecedente clave: el fallo favorable al concejal Sergio Piquillén, dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Córdoba, que reconoció el derecho de cualquier persona —incluidos los concejales— a acceder a la información pública.
En ese fallo, el vocal Francisco Matías Gordillo Saravia sostuvo que “por su mera condición de persona, resulta titular del derecho bajo análisis, sin que exista norma alguna que limite o excluya tal derecho por ostentar el carácter de concejal”.
Para Felpeto, el accionar del Defensor “conculca derechos y violenta el sistema republicano de gobierno”, afectando principios básicos de la Carta Orgánica Municipal.
“Es una maniobra que destroza de un plumazo la obligación de rendir cuentas. La transparencia no es una opción, es un deber del Estado”, afirmó.
Desde el bloque Juntos por Carlos Paz, insistieron en que defenderán “el derecho de los vecinos a exigir rendición de cuentas y la transparencia de todo acto de gobierno”.
