En el marco del proceso electoral para elegir al próximo Defensor del Pueblo, el candidato Santiago Juliá realizó una presentación formal ante la Junta Electoral Municipal en la que denuncia una serie de irregularidades cometidas, según sostiene, por la actual gestión de la Defensoría del Pueblo local.
La denuncia, entregada el jueves 13 de junio, acusa a la actual conducción del organismo de llevar adelante una campaña de autopromoción encubierta utilizando recursos públicos, en violación directa a la normativa vigente que regula la publicidad oficial en tiempos de veda.
Según Juliá, durante los últimos 30 días —coincidiendo con la veda electoral— se habrían difundido de manera sistemática contenidos en redes sociales, medios locales y otras plataformas institucionales que muestran al actual Defensor “recorriendo barrios”, “resolviendo casos” y “brindando capacitaciones”. Estos materiales, que aparentan ser parte de la gestión diaria, habrían sido en realidad parte de una estrategia comunicacional destinada a reforzar su imagen en pleno proceso electoral, señala el planteo.
En el mismo sentido, el denunciante señaló la sorpresiva aparición de testimonios sobre “tres casos resueltos de estafas”, con relatos cuidadosamente seleccionados y distribuidos coordinadamente en redes y medios. Incluso, según Juliá, se habrían utilizado a víctimas de delitos como herramientas de campaña, promoviendo los servicios de atención de la Defensoría con intencionalidad proselitista.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es el gasto confirmado de más de $5.500.000 en publicidad institucional durante los meses de mayo y junio, período en el cual rige una estricta prohibición para este tipo de acciones.
La denuncia se basa en la presunta violación de diversas normativas, entre ellas:
Carta Orgánica Municipal, Art. 30, que prohíbe actos de publicidad oficial en los 30 días previos a una elección.
Ley Electoral Provincial 10.536, artículos 220 a 222, que sancionan el uso clientelar de recursos públicos.
Ley Nacional 26.571, Art. 42, que impide la utilización de medios institucionales para fines electorales.
Juliá advierte que “no se trata de un spot aislado, sino de un montaje comunicacional profesionalizado, diseñado para influir en la voluntad del electorado usando dinero del Estado”.
Críticas al rol actual de la Defensoría
La denuncia no se limita a los hechos concretos, sino que cuestiona con dureza el funcionamiento general del organismo. “La Defensoría gasta más de 500 millones de pesos por año y no puede seguir siendo una oficina vacía que funciona como trampolín político”, afirmó Juliá.
Con una propuesta que va más allá de la simple renovación de autoridades, el candidato asegura: “No venimos a ocupar el cargo. Venimos a cerrarlo”. Su planteo busca interpelar a un electorado cada vez más crítico del gasto público y de lo que considera estructuras institucionales “decorativas”.
