Una investigación de The New York Times revela conversaciones avanzadas para convertir al país en un “centro receptor” de extranjeros expulsados por Estados Unidos. El plan busca descomprimir la frontera norteamericana a cambio de un alineamiento geopolítico total, a pesar de los riesgos financieros y sociales para el país.
En lo que representa el paso más audaz —y polémico— del alineamiento entre la Casa Rosada y la Casa Blanca, los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump se encuentran en la fase final de negociación para firmar un acuerdo de deportación masiva.
Según documentos oficiales y testimonios recogidos por el diario norteamericano The New York Times, Argentina aceptaría recibir a ciudadanos extranjeros detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, para que desde Buenos Aires sean derivados a sus países de origen.
Los detalles del plan “Tercer País”
El acuerdo, que ya cuenta con antecedentes similares en Paraguay, Ecuador y El Salvador, permitiría que la administración Trump envíe contingentes de inmigrantes —principalmente latinoamericanos— a territorio argentino, a más de 8.000 kilómetros de distancia. Los puntos clave de la negociación incluyen:
Logística de reenvío: Argentina funcionaría como una escala técnica y operativa. Los deportados llegarían en vuelos fletados por el ICE y, una vez en suelo nacional, serían embarcados hacia sus naciones de origen.
Actores clave: El subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, habría presentado la propuesta formal a comienzos de año, con el compromiso directo del canciller Pablo Quirno ante las autoridades de Seguridad Nacional lideradas por Kristi Noem.
Financiamiento bajo la lupa: Aunque Estados Unidos ha pagado cifras millonarias a otros aliados (como los US$ 4,7 millones entregados a Nayib Bukele en El Salvador), en Argentina preocupa si estos fondos alcanzarán para cubrir la infraestructura necesaria en medio del ajuste presupuestario actual.
Hermetismo diplomático y contradicciones
Tanto la Cancillería argentina como el Departamento de Estado de EE. UU. han evitado confirmar los detalles. “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”, fue la respuesta unánime ante la consulta de medios como Clarín y La Nación.
Sin embargo, el avance de este pacto genera ruidos internos. Mientras el Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva reivindica cifras récord de expulsiones propias para frenar la inmigración ilegal en Argentina, el país se prepara para abrir sus puertas a miles de indocumentados provenientes del norte. Los registros internos del gobierno muestran que existe una “preocupación por el riesgo de una reacción pública negativa”, especialmente por el contraste entre el discurso anti-inmigración local y la aceptación de deportados extranjeros.
El modelo Trump en el Cono Sur
De concretarse, Argentina se uniría a la red de “naciones seguras” o receptoras que Trump ha tejido en la región. El antecedente más cercano es el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) firmado por Paraguay en agosto de 2025, donde se aceptó “compartir la carga” de la gestión migratoria.
En el caso argentino, el alineamiento va más allá de lo migratorio: recientemente el país se unió a la “Junta de la Paz” (una estructura paralela a la ONU impulsada por Trump), consolidando una alianza que ahora se pone a prueba con la logística de las deportaciones masivas. El desafío para la administración Milei será demostrar que la infraestructura nacional puede soportar este flujo sin afectar la seguridad interna ni agravar la crisis económica.
