La situación ambiental de la ex mina de uranio de Los Gigantes volvió al centro de la agenda legislativa. La diputada provincial Brenda Austin (UCR) presentó dos pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo de Córdoba explique por qué continúa demorada la aprobación del Plan de Cierre del yacimiento, condición necesaria para iniciar la remediación definitiva del predio.
Las iniciativas buscan conocer si existe evaluación técnica provincial sobre el plan y cuáles son las observaciones realizadas. Acompañaron el pedido los legisladores Fernando Luna (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico).
Un conflicto de larga data
El ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes dejó de operar a fines de la década del 80 y desde entonces arrastra pasivos ambientales vinculados a residuos de la actividad extractiva de uranio. El sitio está ubicado en una zona estratégica desde el punto de vista hídrico, en una cuenca que desemboca en el lago San Roque.
“Es un tema de larga data que requiere una solución estructural. Estamos hablando de una ex mina de uranio que dejó de funcionar hace más de 30 años y que necesita una remediación definitiva”, sostuvo Austin en diálogo con Canal 2 de CPTV.
La legisladora explicó que el seguimiento se intensificó tras denuncias públicas realizadas en septiembre de 2025 sobre una presunta afectación en el sistema de impermeabilización de uno de los diques de contención que almacenan residuos. También recordó que en 2021 un evento climático extremo, con ráfagas superiores a los 100 km/h, dañó un dique auxiliar, aunque —según informes oficiales— en ese caso no se registraron impactos ambientales significativos porque contenía agua de lluvia.
Nación dice que el plan está presentado
Ante la preocupación, Austin solicitó acceso a la información pública a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo que actúa como proponente del plan de remediación.
La respuesta oficial indicó que el Plan de Cierre ya fue presentado ante las autoridades provinciales competentes, pero que se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de Córdoba, que ejerce el rol de contralor.
“Lo que advertimos es que la Nación ya presentó el plan y que están a la espera de la aprobación de la autoridad competente provincial. Por eso ahora dirigimos las preguntas a Córdoba para saber cuáles son las razones de la demora”, explicó la legisladora.
Monitoreos y auditorías pendientes
Entre los datos que surgieron del pedido a Nación, Austin señaló que el último monitoreo de polvo en suspensión data de 2017, aunque sí existen informes más recientes sobre calidad de agua.
“Nos interesa que la Provincia intervenga activamente con auditorías independientes que brinden seguridad a los vecinos y que se aboque a generar las condiciones para la remediación, empezando por aprobar el plan”, enfatizó.
La dirigente encuadró el debate en una discusión más amplia sobre los pasivos ambientales nucleares en Córdoba. Mencionó también la situación de la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba, donde persisten reclamos por residuos históricos de la actividad.
“La Provincia no puede mirar para otro lado y decir que es responsabilidad exclusiva de la CNEA. Las leyes nacionales le otorgan un rol específico de autoridad de contralor”, remarcó.
Los pedidos de informe ya tienen estado parlamentario, aunque aún no fueron tratados en sesión. El foco ahora está puesto en la respuesta oficial y en la eventual aprobación del plan, paso clave para avanzar con obras que permitan resolver de manera definitiva uno de los pasivos ambientales más sensibles de la región.
