### Condenan a una banda que realizaba partos clandestinos y vendía bebés a familias
Cuatro personas, incluyendo a una médica ginecológica, fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso por realizar partos clandestinos y vender a los bebés nacidos a familias. Este lunes, se cerró un caso que comenzó en 2009, revelando una red operativa en Guaymallén, Mendoza.
La investigación se inició a principios de 2009 tras un llamado anónimo que alertó a la Justicia Federal sobre una banda que operaba en San José, Guaymallén. La banda atendía a mujeres embarazadas que buscaban interrumpir el embarazo o vender a sus recién nacidos. La Justicia provincial tomó el caso y, mediante escuchas telefónicas, descubrió más detalles sobre el funcionamiento del grupo.
Los principales involucrados fueron dos ginecólogos, Silvia Irene Lorenzo, de 69 años, y Ernesto Aveiro Porcel, quien falleció en enero del año pasado a los 87 años. Aveiro Porcel utilizaba el nombre de un médico fallecido, Juan Carlos Moya, para atender a las pacientes. Los procedimientos se realizaban en dos consultorios ubicados en calles Álvarez Condarco y Sarmiento, donde habían instalado un quirófano para los abortos y partos clandestinos.
Una vez nacidos, los bebés eran entregados a Diego Horacio Funes, hijo de Silvia Lorenzo, quien vivía en la planta alta del consultorio y se encargaba de cuidar a los pequeños hasta que encontraban una familia compradora. Además, una vecina de calle Álvarez Condarco realizaba la misma tarea a cambio de 500 pesos, pañales y leche.
Silvia Lorenzo y su secretaria, Hilda Griselda Morán, de 65 años, se encargaban de buscar parejas dispuestas a comprar a los bebés, cobrando alrededor de 20 mil pesos. El precio variaba según el color de piel y ojos del niño. Una vez acordada la venta, realizaban actas de nacimiento falsas para que los compradores pudieran obtener el DNI de los bebés.
En febrero de 2009, la Policía allanó los domicilios y encontró a dos bebés de 1 mes y 10 días de vida en las casas de Diego Funes y Roxana Ascanio. Todos los implicados fueron detenidos, excepto Silvia Lorenzo, quien estaba de viaje y se entregó semanas después. Fueron acusados de asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años, pero luego recuperaron su libertad.
Se esperaba que el juicio se desarrollara durante esta semana, pero se llegó a un acuerdo con el fiscal para un juicio abreviado donde los acusados admitieron su culpabilidad. Finalmente, se les quitó la acusación de asociación ilícita y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, permitiéndoles mantener su libertad. En el caso de Lorenzo, también se le impuso el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.
