En un cierre de domingo marcado por la tensión gremial, el Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció que solicitará formalmente la conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial que mantiene con los docentes.
La decisión del gobernador Martín Llaryora busca desactivar de manera inmediata el paro de tres días que había sido ratificado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, una medida de fuerza que amenazaba con paralizar el dictado de clases en todo el territorio cordobés.
A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del Ejecutivo, la administración provincial reconoció la legitimidad del reclamo salarial de los educadores y ratificó su voluntad de avanzar en la mesa de diálogo con una propuesta superadora.
Sin embargo, desde el Panal cuestionaron la dureza del plan de lucha anunciado por la UEPC, sosteniendo que un cese de actividades de setenta y dos horas excede el marco de la negociación y genera una multiplicidad de conflictividades que afectan directamente a la comunidad educativa y a las familias cordobesas.
El Gobierno de #Córdoba reconoce la legitimidad del reclamo salarial docente y ratifica su decisión de avanzar en la mesa de diálogo con una nueva propuesta, fruto del esfuerzo conjunto de todos los cordobeses.
Pero el paro de 72 horas anunciado excede ese marco: cada día sin…
— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) April 5, 2026
Argumento del Panal
El argumento central del Gobierno para recurrir a esta herramienta legal es la necesidad de no interrumpir el ciclo lectivo mientras se construye una oferta económica que resulte satisfactoria para ambas partes.
Según detallaron las autoridades, la conciliación obligatoria brinda el tiempo necesario para encauzar la discusión paritaria, evita el impacto de los descuentos por días de paro en los haberes de los docentes y contempla la diversidad de posiciones dentro del sistema educativo. Con este movimiento, la Provincia apuesta a trasladar la resolución del conflicto al ámbito administrativo, obligando a las partes a sentarse nuevamente a negociar sin medidas de fuerza de por medio.
