El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reglamentó este lunes la ley de reforma jubilatoria aprobada la semana pasada en la Legislatura y dio a conocer los principales lineamientos de su implementación. Las modificaciones impactarán tanto en jubilados como en trabajadores estatales activos y comenzarán a regir sobre los haberes de diciembre, que se cobrarán en enero.
La normativa, denominada Ley de Equidad Jubilatoria y sancionada con los votos del oficialismo en la Unicameral, establece un conjunto de medidas orientadas a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Entre los puntos más destacados se encuentra la creación de un adicional mensual no remunerativo para quienes perciban hasta 1,3 millones de pesos, con el objetivo de garantizar el 82% del haber bruto. Según precisó el mandatario, el beneficio alcanzará a 52.438 jubilados.
En paralelo, la reglamentación actualiza las alícuotas de los aportes personales y patronales, que variarán entre el 2% y el 8% según el nivel de ingresos. A través de un mensaje grabado, Llaryora sostuvo que la Caja “arrastra desde hace años un problema estructural de déficit” y volvió a reclamar a la Nación el pago de la deuda con la Provincia, al considerar que su cancelación permitiría mejorar la situación del sistema previsional cordobés.
“El esfuerzo mayor lo harán los activos y pasivos con mejores remuneraciones”, remarcó el gobernador, al tiempo que aclaró que los descuentos previstos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos salariales.
Entre los cambios centrales, la reglamentación elimina el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (FOCCA), establece una nueva escala de aportes personales progresivos y modifica el artículo 58 de la Ley 8.024. En este último punto, se confirmó que 9.856 jubilados dejarán de pagar el aporte solidario.
En cuanto a los trabajadores activos, los aportes personales quedarán definidos de manera escalonada: quienes perciban hasta 755 mil pesos aportarán el 2%, mientras que los salarios más altos, superiores a 3,5 millones, tendrán una alícuota del 8%.
Respecto del aporte solidario, el piso se fijó en haberes de 1.890.000 pesos, con alícuotas que van del 5% al 20% según el monto del ingreso jubilatorio. Desde el Gobierno provincial aseguraron que el esquema busca preservar a quienes menos cobran y reforzar la sostenibilidad del sistema previsional.
