La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de los cuidacoches -popularmente llamados “naranjitas”- que no tengan autorización municipal y establece un nuevo marco de regulación para el uso del espacio público. La iniciativa fue sancionada por mayoría, tras un debate atravesado por críticas de distintos sectores de la oposición.
El eje de la norma es la prohibición del cobro por estacionamiento en la vía pública sin habilitación. A partir de la nueva ley, quienes desarrollen esa actividad sin autorización podrán recibir sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario o arrestos de hasta seis días.
La normativa deja en manos de los municipios la posibilidad de habilitar sistemas formales de cuidacoches mediante ordenanzas locales. En esos casos, los trabajadores deberán estar debidamente identificados, registrados y respetar las tarifas oficiales que determine cada gobierno local.
También deberán desempeñarse exclusivamente en las zonas autorizadas y dentro de los horarios establecidos. En caso de incumplimientos —como cobrar montos superiores o operar fuera de las áreas habilitadas— se prevén sanciones de hasta tres días de arresto o inhabilitaciones.
La ley otorga además un plazo de 30 días para que los municipios adecuen sus ordenanzas vinculadas al estacionamiento medido y a la regulación de los cuidadores de vehículos.
Prohibición para limpiavidrios y sanciones a picadas
El texto aprobado también establece la prohibición total de la actividad de limpiavidrios en la vía pública, una práctica frecuente en cruces semaforizados de las principales ciudades.
Quienes realicen esta tarea podrán recibir sanciones similares a las previstas para los cuidacoches ilegales.
Otro de los puntos incorporados en la reforma apunta a las reuniones vehiculares no autorizadas, como picadas o concentraciones donde se realizan maniobras peligrosas.
En estos casos se establecen penas de hasta 10 días de arresto, multas o trabajos comunitarios, con la posibilidad de duplicar las sanciones cuando se trate de eventos masivos o cuando se utilicen vehículos modificados.
Además, la normativa habilita el secuestro inmediato de los rodados y, en situaciones graves o reiteradas, incluso su decomiso.
El texto aprobado también contempla la implementación de programas de capacitación e inclusión laboral destinados a quienes actualmente realizan estas actividades de manera informal.
La Provincia acompañará a los municipios en el desarrollo de cursos de formación y oficios que podrían dictarse a través de la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos públicos, además de incluir abordajes vinculados a salud mental y consumos problemáticos.
