La legisladora Brenda Austin (UCR) presentó este viernes un proyecto de ley para mejorar los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios en la Provincia de Córdoba, fijando la obligatoriedad, periodicidad y accesibilidad de sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto a nivel provincial como también en municipios y comunas.
El proyecto surge como respuesta a las deficiencias existentes en materia de transparencia y control ciudadano en la provincia, y se inscribe en el contexto de casos recientes que han puesto en evidencia la necesidad de contar con mayor rigurosidad en el control patrimonial de quienes ocupan cargos públicos.
Según se expresó desde su bloque, “un ejemplo reciente y emblemático es el de Oscar González, expresidente provisorio de la Legislatura, quien cumple prisión domiciliaria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
“El caso de González, quien en octubre de 2022 protagonizó un siniestro vial fatal con un vehículo oficial, puso de relieve la importancia de estos mecanismos para monitorear la evolución patrimonial de los funcionarios y, a la vez, la necesidad de fortalecerlos”, señalaron.
Declaraciones de patrimonio
La iniciativa propone modificaciones a las leyes 8.198 y 8.102 para establecer la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales no solo al asumir y cesar en un cargo público, sino también de manera anual.
También amplía el alcance de esta exigencia a los candidatos/as a ejercer cargos públicos provinciales y municipales, garantizando que la ciudadanía tenga acceso a información detallada y actualizada sobre el patrimonio de quienes aspiran a representar el interés público.
Además, el proyecto plantea que todas las declaraciones sean públicas y accesibles a través de plataformas digitales, eliminando barreras burocráticas que actualmente dificultan su consulta. Esta medida se alinea con estándares nacionales e internacionales en materia de transparencia y prevención de la corrupción, siguiendo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Argentina.
En cuanto a los gobiernos locales, la iniciativa de reforma de la ley Orgánica de Municipios y Comunas amplía la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas a intendentes, jefes comunales, concejales, tribunos de cuentas y empleados que manejen fondos del Estado, lo representen o ejerzan poder de policía, tanto de forma anual como al ingreso y egreso del cargo. También se establecen sanciones para quienes incumplan con esta obligación, garantizando así una efectiva fiscalización de los recursos públicos.
“Casos como el de Oscar González nos demuestran que no podemos seguir con mecanismos de control débiles y discrecionales. La ciudadanía exige transparencia y este proyecto de ley es un paso fundamental para garantizar que quienes ocupan cargos públicos rindan cuentas de su patrimonio de manera clara y periódica”, señaló Austin.
Y agregó: “Con esta propuesta, Córdoba puede dar un salto de calidad institucional y construir mecanismos efectivos para que los funcionarios públicos de todos los niveles sean responsables ante la sociedad, cerrando espacios para el avance de los delitos de corrupción y el abuso de poder”.
