A través de un comunicado de prensa, el legislador del Frente Cívico, Walter Gispert, instó a la Provincia a brindar información certera sobre el procedimiento que terminó con la vida de Samuel Tobares en la localidad de Villa Parque Síquiman el pasado 23 de noviembre. L
“Las recientes muertes de Samuel Tobares, en Villa Parque Síquiman, y Jonathan Romo, en La Falda, vuelven a poner en el centro del debate la problemática de la posible violencia institucional en Córdoba”, sostuvo Gispert que agregó que los dos casos sucedieron con efectivos policiales que debieron actuar como custodia.
“A pesar de que la Justicia actuó rápidamente en ambos hechos, organizaciones sociales, referentes territoriales y vecinos de Punilla advierten que la responsabilidad no se agota en los policías señalados, sino que involucra también a la conducción política del Ministerio de Seguridad y a los mecanismos de control internos de la fuerza”, sostuvo el legislador.
Y planteó un cuestionario para que sea respondido por el Gobierno provincial y la fuerza policial.
– ¿Qué medidas preventivas concretas se están implementando para evitar nuevos hechos de violencia en comisarías y procedimientos policiales?
– ¿Qué cambios estructurales se han realizado en la formación, supervisión y protocolos de actuación de la Policía de Córdoba?
– ¿Existen controles externos e independientes que garanticen transparencia y seguimiento real sobre el desempeño policial y existiendo cuál es resultado de los mismos?
– ¿Qué acciones se tomarán para acompañar a las familias y garantizar justicia en tiempos razonables?
– ¿Qué rol asumirá el Ministerio de Seguridad frente a denuncias reiteradas que señalan patrones de abuso y uso desmedido de la fuerza?
“En toda la región de Punilla y el interior provincial, vecinos y organizaciones vienen reclamando mayor control institucional, formación en derechos humanos y protocolos específicos para intervenir en situaciones de crisis, evitando prácticas violentas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos”, aseveró el legislador del Frente Cívico.
Y continuó: “La comunidad cordobesa necesita certezas. Estos hechos no pueden naturalizarse ni quedar encapsulados como “casos aislados”. Lo que está en discusión es la responsabilidad del Estado provincial en garantizar seguridad sin violencia y sin abusos institucionales”.
