A poco más de una semana del trágico tiroteo en la Escuela Normal Superior N° 40 de San Cristóbal, la investigación ha dado un vuelco fundamental. Las autoridades confirmaron que el adolescente que mató a un compañero e hirió a otros ocho no actuó por un impulso momentáneo, sino que estaba plenamente integrado a una subcultura digital internacional que glorifica la violencia extrema.
El anuncio fue realizado este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El mandatario fue tajante al desestimar las primeras hipótesis: “Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente”, afirmó, descartando también que el bullying fuera el motor del ataque.
¿Qué es la «True Crime Community» (TCC)?
Según la investigación, el joven formaba parte de la denominada True Crime Community (TCC), una red transnacional descentralizada que siente fascinación por crímenes reales, especialmente tiroteos escolares. Este fenómeno, que tiene sus raíces en la masacre de Columbine (1999), opera principalmente en plataformas como Discord y Telegram.
Los especialistas detallaron que el consumo de este contenido atraviesa cuatro etapas de radicalización:
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Consumo de contenido sobre crímenes reales.
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Admiración y difusión de los atacantes.
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Participación en grupos cerrados de glorificación de la violencia.
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Planificación de ataques propios.
La pericia del celular del atacante confirmó que este ya se encontraba en la fase más avanzada de este proceso.
Alerta nacional por radicalización digital
El jefe del área antiterrorista de la Policía Federal informó que el peritaje permitió observar vínculos estrechos del tirador con otros usuarios de características similares. En este marco, ya fue detenido otro menor de edad bajo la acusación de encubrimiento, tras comprobarse que mantenía contacto directo con el agresor.
La ministra Monteoliva advirtió sobre el crecimiento de estas comunidades en el país, señalando que en los últimos dos años se han detectado al menos 15 casos vinculados a estas prácticas en Argentina, con otros cuatro actualmente bajo análisis.
