El politólogo Fermín Borthelle planteó la necesidad de promover cambios profundos en la Carta Orgánica que permitan revistar, entre otras cuestiones, la utilidad de la Defensoría del Pueblo en una comunidad como la de Villa Carlos Paz.
A partir de la bajísima participación de los comicios del domingo, Borthelle planteó que se trata de un llamado de atención que la clase política tiene que observar para producir las modificaciones que la gente reclama a partir del mensaje de la no concurrencia a las urnas.
“Los resultados de la última elección en Villa Carlos Paz, con apenas un 17% de participación ciudadana, constituyen un llamado de atención profundo, no solo sobre la apatía electoral, sino sobre el desinterés y descreimiento de la ciudadanía respecto a las instituciones locales”, dijo el politólogo en una entrevista que concedió al programa Decisión que emite CPTV. “Entre esas instituciones, la Defensoría del Pueblo emerge hoy como una figura cuestionada, deslegitimada y vaciada de sentido por su evidente impotencia institucional y funcional”, añadió.
“No se trata de responsabilizar a las personas que han ocupado el cargo. El problema es de diseño institucional: la figura del Defensor del Pueblo, incorporada sin pertenencia a nuestra tradición jurídica, ha sido una importación fallida”, explicó Borthelle que agregó: ” Copiada del modelo escandinavo del ombudsman, que en Suecia o Noruega cuenta con verdaderas facultades de investigación y control, aquí quedó reducida a una oficina sin dientes, sin poder real, sin independencia efectiva, ni herramientas para cumplir una función relevante”.
Demanda insatisfecha
En otro tramo de la entrevista, el especialista planteó que la gente observa a este tipo de organismos como lugares de privilegio para la clase política. “En un contexto de crisis económica, sostener estructuras simbólicas y costosas como la Defensoría sin capacidad real de acción no solo es un error, es una irresponsabilidad. No solo es ineficiente; refuerza la idea de una política alejada de la gente, que se sirve a sí misma antes que a la ciudadanía”, remarcó.
“¿Qué sentido tiene mantener esta figura en su forma actual?”, indagó el docente que señaló que se debe instalar un debate más profundo. “¿No es momento de repensarla, reformularla o incluso eliminarla si no puede cumplir un rol efectivo de control y defensa ciudadana?”, insistió en sus interrogantes.
Reforma de la Carta Orgánica
El debate sobre la reforma de la Carta Orgánica es algo que se impone, según la mirada del politólogo que apuntó que si no reacciona la clase política, debería ser la ciudadanía a través de institutos de participación que están contemplados en la misma constitución local.
“Es necesario reabrir el proceso de discusión que comenzó con la reforma de la Carta Orgánica. La experiencia ha demostrado que muchas de las instituciones que allí se incorporaron no han logrado arraigar, ni funcionar con la lógica del sistema presidencialista argentino, que en el plano local reproduce todos los vicios del nivel nacional: concentración de poder, mayorías automáticas en el Consejo de Representantes, falta de debate y controles formales sin capacidad de acción”, dijo.
Y agregó: “La ciudad necesita otra arquitectura institucional: más austera, más eficaz, más democrática. No se trata solo de ajustar gastos, sino de recuperar sentido y función. Y en ese camino, revisar a fondo la figura del Defensor del Pueblo es ineludible. ¿Quién debe impulsar este debate? Idealmente, la dirigencia política. Pero si no lo hace, deberá hacerlo la ciudadanía. La carta orgánica prevé mecanismos de participación popular e iniciativa ciudadana. Tal vez haya llegado el momento de activarlos, para que la democracia no quede limitada al acto de votar —y al riesgo de que ya ni siquiera eso convoque—, sino que se transforme en una práctica viva de control, debate y renovación”.
