El femicidio de Rocío Gómez (27) a manos de su expareja, Maximiliano Baudraco, volvió a exponer las graves fallas del sistema judicial. Baudraco registraba una condena previa de dos años de «ejecución condicional» por violencia familiar y resistencia a la autoridad, pero incumplió de forma sistemática todas las pautas impuestas sin que la Justicia actuara a tiempo para detenerlo.
Según confirmó Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado, a La Voz, el organismo envió tres informes de alerta al Juzgado de Ejecución N.º 1 de Córdoba advirtiendo las irregularidades del agresor. Baudraco tardó cuatro meses en presentarse por primera vez, nunca realizó las tareas comunitarias asignadas ni el tratamiento psicológico obligatorio, y jamás presentó certificaciones de sus dichos. El último informe del equipo técnico se elevó el mismo 20 de julio, apenas unas horas antes de que el hombre atacara y matara a Rocío frente a sus hijas.
El juez a cargo de controlar este fallido seguimiento es Facundo Moyano Centeno, el mismo magistrado investigado en la Oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia por el caso de Horacio Grasso, un acusado de femicidio y abuso sexual que violó un centenar de veces la prisión domiciliaria sin ser sancionado.
A esta cadena de omisiones se suma la figura del juez que dictó la condena condicional a Baudraco en 2025, Javier Rojo.
Según informó La Voz, el vocal de la Cámara de Cruz del Eje acumula denuncias en el TSJ por acoso y maltrato laboral, además de sumar severas críticas recientes tras absolver a cuatro acusados de un abuso sexual grupal amparándose en el concepto de las «falsas denuncias». El crimen de Rocío vuelve a poner en evidencia cómo la falta de articulación y la inacción judicial dejan a las víctimas desprotegidas con consecuencias irreversibles.
