Un grupo de legisladores provinciales de la oposición presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno y anunció que promoverá la interpelación del ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, para que brinde explicaciones sobre el funcionamiento del Patronato del Liberado tras el femicidio de Rocío Gómez en Santa María de Punilla.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, acompañado por Alejandra Ferrero, Walter Nostrala, Patricia Botta, Gerardo Grosso, Matías Pablo Gvozdenovich, Nancy Almada, Dante Rossi y Viviana del Valle Martoccia.
Según expresaron los legisladores, el femicidio de Rocío Gómez dejó al descubierto presuntas fallas en el sistema de ejecución penal y en los mecanismos de control sobre personas condenadas que recuperan la libertad bajo supervisión del Estado. En ese marco, solicitaron la destitución del magistrado por presunto mal desempeño, negligencia grave y la posible comisión de delitos, además de requerir que se impulsen las actuaciones penales correspondientes.
Paralelamente, Hernández Maqueda confirmó que impulsará en la Legislatura la interpelación del ministro Julián López para conocer cómo actuó el Patronato del Liberado, organismo que depende de su cartera y tiene la responsabilidad de supervisar a quienes acceden a distintos regímenes de libertad.
«Si una persona que debía estar controlada por el Estado termina asesinando, no alcanza con mirar únicamente al juez. También hay que investigar si el Patronato del Liberado cumplió con su función. Los cordobeses merecen saber quién falló y por qué falló», sostuvo el legislador.
Para Hernández Maqueda, el caso de Rocío Gómez no constituye un hecho aislado, sino que refleja un problema estructural en el sistema judicial provincial.
«No estamos frente a un episodio aislado. En los últimos años hemos visto decisiones de fiscales y jueces que permitieron recuperar la libertad a personas consideradas de alta peligrosidad y que luego volvieron a cometer delitos gravísimos. Mientras algunos funcionarios incumplen con su deber, millones de cordobeses viven con miedo», afirmó.
En el documento presentado también se mencionan otros antecedentes, como los casos de Agostina Vega, asesinada por Claudio Barrelier tras recuperar la libertad por decisión judicial, y Milagros Basto, víctima del ex policía Horacio Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria. Los legisladores consideran que esos antecedentes, sumados al femicidio de Rocío Gómez, obligan a revisar el funcionamiento del sistema de ejecución penal y las responsabilidades de quienes intervienen en el seguimiento de personas condenadas.
