El femicidio de Rocío Gómez, ocurrido en Santa María de Punilla, trascendió la gravedad de la causa penal para exponer un severo cuestionamiento sobre la eficacia del sistema penal y los mecanismos de control estatal en la provincia de Córdoba.
El acusado, Maximiliano Baudracco, se encontraba en libertad tras recibir una pena en suspenso de dos años y dos meses de prisión. Para mantener ese beneficio, debía cumplir con reglas estrictas como la prohibición de consumo de sustancias, tratamiento psicológico obligatorio y una orden de restricción de acercamiento. Sin embargo, los antecedentes de violencia y las denuncias acumuladas no impidieron el ataque, abriendo una fuerte controversia sobre el seguimiento del condenado.
Investigarán a funcionarios
Desde la representación de la familia de la víctima, la abogada Daniela Morales Leanza confirmó que la querella solicitará investigar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios encargados del monitoreo. La letrada cuestionó si el Patronato del Liberado y el juez de ejecución, Moyano Centeno, realizaron las verificaciones correspondientes.
Según Morales Leanza, existían reportes de incumplimientos y llamadas previas a la policía. En ese sentido, enfatizó que de haberse cumplimentado el control efectivo que debían realizar, la historia podría haber tenido otro resultado.
El trasfondo judicial
Paralelamente, se abrió una investigación administrativa sobre el accionar del juez Moyano Centeno, quien presentó un informe de descargo en el que deslindó responsabilidades y apuntó directamente al Patronato del Liberado. En dicho escrito, el magistrado aseguró haber recibido únicamente dos comunicaciones del organismo de control. La primera notificación data de febrero, ante la cual intimó al agresor a regularizar su situación, mientras que el segundo informe con los supuestos incumplimientos ingresó recién el 20 de julio, un día después del crimen. El juez sostiene que no contó con alertas intermedias que le permitieran revocar la condena condicional de manera preventiva.
Caso casi cerrado
Mientras la disputa institucional expone las fallas en la comunicación entre los organismos, la causa penal a cargo de la fiscalía de Cosquín avanza a paso firme hacia la elevación a juicio. La detención de Baudracco se produjo casi en flagrancia y las autoridades lograron secuestrar el arma empleada en el hecho.
Además de las diligencias testimoniales restantes para cerrar la instrucción, la querella evalúa sumar denuncias por las agresiones que sufrió la madre de Rocío, quien intentó interponerse durante el ataque para proteger a su hija. De ser hallado culpable, el imputado enfrenta la pena de prisión perpetua, a la cual se le sumará el tiempo pendiente de su condena anterior.
