El femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, volvió a sacudir los cimientos políticos, judiciales y mediáticos de la provincia de Córdoba. En el marco del 11.º aniversario del movimiento Ni Una Menos, el caso deja al descubierto fallas estructurales que interpelan directamente al Estado y a la sociedad en su conjunto.
Para analizar la gravedad del hecho desde una perspectiva de género y derechos humanos, dialogamos en el programa Decisión (CPTV) con Rocío Chinelatto, subcoordinadora de políticas de género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y docente de Formación Ética y Ciudadana.
Los datos detrás de la emergencia social
Frente a los discursos que intentan encasillar a la perspectiva de género como una mera postura ideológica, Chinelatto fue contundente al respaldar la problemática con estadísticas crudas: en los 11 años de historia del Ni Una Menos, se registra un femicidio o transfemicidio cada 31 horas en Argentina, acumulando más de 3.205 víctimas.
«Cuando abordamos un caso específico como el de Agostina, no estamos hablando de una situación aislada o de un delito de instancia privada. Estamos hablando de un problema público, político y social», definió la especialista.
Además, advirtió sobre el actual contexto nacional, caracterizado por un «retroceso de derechos» y el desfinanciamiento de las políticas públicas de protección a las víctimas. En este sentido, destacó un dato alarmante: al día de hoy, el Estado nacional no se encarga de registrar formalmente a las víctimas de femicidio, una tarea que recae casi exclusivamente en las organizaciones de la sociedad civil.
Un entramado de fallas judiciales y políticas
El caso de Agostina desnudó una cadena de negligencias estatales que hoy tiene fuertes repercusiones políticas, incluyendo la renuncia de concejales y el apartamiento de 13 funcionarios municipales dispuesto por el intendente Daniel Passerini.
En el plano judicial, la oposición avanza con el pedido de Jury de enjuiciamiento para los fiscales intervinientes: Iván Rodríguez —quien le otorgó la libertad al femicida el año pasado tras una detención por privación ilegítima de la libertad de otra joven— y Raúl Garzón, actual fiscal de la causa, cuestionado por demoras críticas en el inicio de la investigación y en la activación de la Alerta Sofía.
«De nada sirve abordarlo como ‘el caso de la semana’. Es una vida más que perdimos porque quienes tenían la responsabilidad como garantes de la protección ciudadana no actuaron en tiempo y forma. Si la justicia hubiera respondido antes, Agostina hoy estaría viva», enfatizó Chinelatto, señalando la urgente necesidad de una formación efectiva en género para los tres poderes del Estado.
El rol de los medios: de la deshumanización a la violencia mediática
Un eje central de la entrevista fue la autocrítica hacia el tratamiento periodístico del caso, el cual fue comparado por su nivel de revictimización con el histórico caso de Nora Dalmasso en Río Cuarto.
La especialista lamentó cómo muchos discursos mediáticos desplazan la culpa hacia el entorno de la víctima o su familia, invisibilizando al agresor:
«Mis estudiantes llegaron a clase sabiendo detalles íntimos de la vida privada de la víctima, pero ni siquiera recordaban el nombre del femicida. Eso es una responsabilidad colectiva. La violencia mediática está tipificada por ley y no podemos seguir reproduciendo estereotipos machistas que quitan la responsabilidad de los verdaderos culpables».
Por su parte, se planteó la preocupante tendencia actual de «deshumanizar» a las víctimas en la cobertura diaria, transformándolas en «un personaje o un avatar de las redes sociales», perdiendo la dimensión real de que se trataba de una niña de 14 años con una vida truncada.
La respuesta desde las instituciones y la vida cotidiana
Chinelatto recordó que la comunidad universitaria de la UNC no es ajena a este dolor, evocando los nombres de estudiantes asesinadas en los últimos años como Milagros Botone, Catalina Gutiérrez, Nair y Luna Ardina. «Ninguna institución queda exenta de la violencia de género, que es la vulneración del derecho humano más fundamental: la vida».
Finalmente, la subcoordinadora instó a no quedarse en el «morbo mediático» y a revisar las prácticas diarias, señalando que el entramado que sostiene a los femicidios se alimenta de violencias cotidianas. «Los micromachismos, los comentarios estigmatizantes, el compartir imágenes no consentidas por WhatsApp o discriminar por orientación sexual son parte de los discursos de odio que hacen que alguien se sienta con la potestad de decidir sobre la vida de otra persona. Todos tenemos una responsabilidad social en cómo abordamos estas cuestiones», concluyó.
