Un fallo del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital encendió alarmas en Cosquín: la Justicia dispuso el embargo de hasta el 33% de los fondos coparticipables que recibe la Municipalidad, lo que implica un recorte cercano a 160 millones de pesos mensuales. La medida, inédita en la provincia por el alcance y el impacto sobre recursos considerados inembargables, deja a la gestión de Raúl Cardinali frente a un escenario crítico.
El intendente advirtió que esta carga financiera compromete la planificación de obras, la continuidad de programas sociales y el funcionamiento de áreas clave. Si el municipio debe priorizar el pago de la deuda exigida por el grupo acreedor, inevitablemente quedarán afectados rubros como educación, cultura, salud, módulos alimentarios y protección ambiental. “Un fallo de estas características lo único que hace es engordar las cuentas de un grupo especulador, mientras a los vecinos les da un golpe mortal. Los deja sin servicios y con el futuro hipotecado por generaciones”, sostuvo Cardinali.
La situación deriva de dos expedientes iniciados hace más de dos décadas. El principal, “Vedant S.A. c/ Municipalidad de Cosquín”, es impulsado por un grupo financiero que compró derechos de una deuda generada por una gestión anterior y nunca convalidada por el Concejo Deliberante. El reclamo, representado por el abogado Ricardo Biasotti, asciende a más de 5.500 millones de pesos entre capital e intereses. En ese proceso, el juez pidió al municipio que indique qué porcentaje de coparticipación podría ofrecer como pago.
El segundo expediente, “Díaz Yofre, Andrés c/ Municipalidad de Cosquín”, corresponde al abogado del mismo grupo financiero, quien reclama honorarios y logró la medida más gravosa: el embargo automático de un tercio de los fondos provinciales. Para disponerlo, el magistrado declaró inaplicables por inconstitucionalidad diversas leyes nacionales y provinciales que protegen la coparticipación.
Cardinali recordó que todo se origina en presuntos préstamos otorgados a empleados municipales hace más de 20 años, cuyos descuentos habrían sido realizados pero no transferidos a la financiera. Frente al avance de los embargos, el municipio presentó dos acciones legales: una para solicitar la nulidad del reclamo de Biasotti y otra para impedir la afectación de fondos públicos en la causa de Díaz Yofre. Ambas esperan resolución.
Mientras la vía judicial sigue abierta, la administración local advierte que el recorte mensual pone en riesgo la continuidad de servicios básicos y paraliza de hecho la gestión municipal.
