La Cámara Federal de Córdoba dictó una resolución sin precedentes en el país al establecer una relación de causalidad directa entre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y el fallecimiento de Melín Sartori.
La joven, de 24 años, perdió la vida en julio de 2021 tras sufrir complicaciones neurológicas graves que se desencadenaron a los pocos días de haber recibido la primera dosis del fármaco.
En declaraciones al streaming La Voz, Virginia Ruiz, madre de la víctima y médica de profesión, relató el extenso y complejo proceso judicial que debió atravesar para obtener un reconocimiento institucional que, en primera instancia, le había sido denegado de forma sistemática por las autoridades sanitarias tanto de la provincia como de la Nación.
El caso y el camino hacia la justicia
Melín Sartori era una joven deportista, no presentaba antecedentes médicos de ningún tipo y se encontraba entusiasmada iniciando un emprendimiento familiar de producción de pastas al momento de su deceso. El 15 de julio de 2021 acudió a recibir la primera dosis de la vacuna. Apenas seis días después de la inoculación, comenzó a manifestar síntomas alarmantes como cefaleas intensas y vómitos. Su cuadro derivó en un deterioro neurológico irreversible y falleció 14 días después de la aplicación.
La demanda fue impulsada por su madre, quien desde el primer momento buscó visibilizar el caso ante la sospecha y el temor de que la dosis aplicada perteneciera a una tanda contaminada. El abogado de la familia, Martín Barbará, calificó el proceso legal como «novedoso» y «engorroso», explicando que al momento en que ocurrieron los hechos no existían protocolos estandarizados en el país para canalizar y denunciar este tipo de situaciones adversas.
Las claves del fallo: falta de control y fallas del sistema
Para el tribunal cordobés resultó determinante un informe emitido por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). Dicho organismo, tras revisar minuciosamente el expediente bajo los parámetros del consenso científico internacional, reconoció de manera formal el nexo de causalidad entre el componente inmunizante y el daño fatal sufrido por la joven.
El abogado de la querella subrayó dos puntos críticos que la Justicia consideró determinantes en el desenlace: la total falta de farmacovigilancia continua sobre la vacuna Sputnik V en aquel período para detectar y prevenir reacciones adversas, y un sistema médico que no se encontraba preparado ni contaba con las herramientas o protocolos necesarios para diagnosticar y tratar adecuadamente un cuadro de estas características extremas.
La advertencia por el lote y el «secreto ministerial»
Un aspecto crítico del caso radica en los intentos de prevención que realizó la madre de Melín. Siendo profesional de la salud, Ruiz intentó comunicarse inmediatamente con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para advertir el número de lote de la dosis que había recibido su hija, con el objetivo de que se frenara la aplicación de ese frasco multidosis y se protegiera a otras personas.
Sin embargo, la respuesta oficial de la cartera sanitaria fue que el caso se consideraba cerrado por falta de certezas. La madre denunció que en ese momento regía un estricto «secreto ministerial» que impedía de forma deliberada que los reportes de efectos secundarios graves fueran derivados a los organismos de investigación farmacológica correspondientes.
Responsabilidad del Estado e indemnización
Ante el bloqueo en la vía administrativa, la familia Sartori inició la acción judicial amparándose en la Ley 27.573. Esta normativa, aprobada por el Congreso durante la emergencia pandémica, prevé un régimen resarcitorio específico para aquellas personas que sufran daños en su salud física como consecuencia directa de las vacunas objeto de la campaña contra el Covid-19.
A partir de este marco general, la Sala A de la Cámara Federal consideró que la relación causa-efecto es «indubitable» y le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación concluir el trámite indemnizatorio en un plazo perentorio de 30 días.
El letrado de la familia aclaró que se optó por la vía que establece dicha ley para obtener una reparación institucional rápida y evitar dilaciones jurídicas en torno a competencias o planteos de inconstitucionalidad.
Un precedente para la medicina argentina
Más allá de la resolución legal, el caso de Melín Sartori ha generado un fuerte impacto en la comunidad científica. Según se consignó, la experiencia clínica de su caso fue expuesta en diversos congresos médicos, lo que permitió que otros profesionales de la salud lograran identificar síntomas similares a tiempo y salvaran vidas en situaciones posteriores.
A pesar del alivio que trae el fallo, Virginia Ruiz lamentó los tiempos de la burocracia, señalando que la resolución llega muy tarde cuando la verdadera urgencia era alertar al sistema de salud para evitar más muertes. Asimismo, la profesional dejó una reflexión hacia sus colegas sobre la importancia de no acatar las directivas de salud pública de forma irreflexiva, manteniendo siempre una mirada crítica sobre la seguridad de los medicamentos que se administran a la población.
Fuente: La Voz del Interior.
