El Gobierno de España anunció este martes 20 de mayo un ambicioso plan que podría regularizar la situación de miles de inmigrantes que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2024. La medida, que se impulsará a través de un Real Decreto, busca ofrecer permisos de residencia y trabajo a quienes cumplan ciertos requisitos, y se enmarca en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Regularización “transitoria, excepcional y limitada”
Aunque el Ejecutivo evita usar el término “regularización extraordinaria”, el decreto tendrá efectos similares, con un “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”, según explicaron desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El objetivo es desburocratizar el sistema actual y responder a la situación de unas 500.000 personas que actualmente viven en situación irregular en el país. Se estima que este grupo está compuesto mayormente por personas que llevan años trabajando en negro, estudiando o residiendo sin acceso a trámites formales.
Requisitos y plazos
Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber ingresado al país antes del 31/12/2024.
- No tener antecedentes penales.
- Acreditar su residencia en España.
- En algunos casos, demostrar situación de vulnerabilidad social o económica.
El decreto será tramitado en un plazo máximo de seis meses y se espera que entre en vigencia antes del verano europeo.
Ciudades con fuerte impacto
La medida tendría un impacto significativo en grandes centros urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, pero también beneficiará a miles de personas en localidades intermedias que hoy no tienen acceso al mercado laboral formal, servicios públicos o regularización de estudios.
Reacciones: apoyo y objeciones
Desde el oficialismo, el PSOE respalda firmemente la iniciativa, mientras que sectores de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Vox, han manifestado reparos o rechazo directo. Algunos sectores del PNV también plantearon dudas sobre la implementación territorial del decreto.
Por su parte, organizaciones sociales, como CEAR y Fundación porCausa, celebraron la medida aunque solicitaron flexibilizar los plazos y requisitos, alertando que muchos migrantes no cuentan con la documentación suficiente para demostrar su antigüedad en el país.
