Después de casi dos años de investigación, la Justicia de Villa María dio un paso significativo en el caso de la presunta estafa Ponzi relacionada con el emporio empresarial de Generación Zoe, a elevar la causa a juicio.
Este miércoles 14 de febrero, la fiscal de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, elevó a juicio la megacausa que indaga en profundidad las actividades de este holding, liderado por el “coach” Leonardo Cositorto.
El caso tuvo derivaciones en Carlos Paz, donde el propio Cositorto produjo una obra de teatro en la que se “regalaban” criptomonedas y se montó una lujosa oficina en el centro de la ciudad.
Entre los 26 imputados en esta investigación se encuentra Leonardo Cositorto, quien ha estado en prisión preventiva en el penal de Bouwer, en Córdoba, durante más de 22 meses.
Las acusaciones en su contra incluyen el cargo de coautor en delitos de asociación ilícita como líder organizador y de estafas reiteradas.
Hechos
El pedido de juicio abarca alrededor de 173 hechos que afectaron a 76 víctimas solo en Villa María, con un monto total aproximado de 8.5 millones de pesos y 449.799 dólares estadounidenses.
¿Cuándo se haría el juicio?
Si bien la elevación a juicio se concretó este miércoles 14 de febrero, y desde la fiscalía esperan que el proceso pueda llevarse a cabo este año, faltan pasos para confirmar que pueda ser así.
Por un lado, un juez debe convalidar la elevación a juicio.
Además, puede ocurrir que la defensa de Cositorto o de otros imputados se opongan a la elevación a juicio.
Tod¿do eso puede redundar en demoras e idas y vueltas judiciales que harían postergar la realización del juicio un largo tiempo.
Por eso, a esta altura, su fecha de realización es incierta.
Una causa de implicancia internacional
Generación Zoe no se limitó a Villa María ni siquiera a Argentina; comenzó en Colombia y se expandió por toda América Latina, dejando damnificados en México, Bolivia, Chile, Brasil, Estados Unidos, España y hasta Australia.
Testimonios recabados indican que la empresa manejó cerca de 120 millones de dólares a nivel global, aunque este número podría ser aún mayor.
Además de Cositorto, la lista de acusados incluye a Maximiliano Batista, vicepresidente de la empresa; Miguel Ángel Echegaray, un ex funcionario de Neuquén que fungía como tesorero; los líderes provinciales Claudio Álvarez, Silvana Abellonio y Silvia Fermani, cuyo ascenso económico sorprendente ha sido objeto de investigación; y los contadores Norman Próspero, Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff.
Estos últimos, según la justicia, habrían sido parte de una operación destinada a legitimar un esquema que internamente consideraban un posible esquema Ponzi.
La elevación a juicio de esta megacausa marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de este presunto entramado fraudulento, cuyas consecuencias han afectado a personas en múltiples países y han dejado un rastro de pérdidas económicas significativas.
