La captura y el posterior traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro a los Estados Unidos para ser juzgado por la Justicia federal norteamericana fue el desenlace de un entramado que combinó acusaciones judiciales de larga data, una estrategia militar planificada desde 2025 y una creciente presión diplomática internacional sobre el régimen de Caracas.
La operación, confirmada oficialmente por el presidente estadounidense Donald Trump, se produjo en el marco de un ataque militar de gran envergadura lanzado durante la madrugada del sábado sobre territorio venezolano, luego de cinco meses de despliegue naval y tensiones sostenidas en el Caribe.
Las causas judiciales que activaron el operativo
El eje legal del operativo se encuentra en las imputaciones presentadas en el Distrito Sur de Nueva York, donde la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó cargos contra Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Según informó Bondi, Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el uso de armamento pesado contra los Estados Unidos. Estas causas se suman a expedientes abiertos desde años anteriores, vinculados al presunto rol del gobierno venezolano en redes de narcotráfico regional.
Fuentes judiciales estadounidenses señalaron que la persistencia del régimen en el poder y el fracaso de las negociaciones políticas durante 2024 y 2025 llevaron a la administración Trump a avanzar con una estrategia de captura directa.
La operación militar y la captura
En las primeras horas del sábado, alrededor de las 02:00 de la madrugada (hora local de Caracas), fuerzas estadounidenses iniciaron bombardeos selectivos y operaciones especiales sobre objetivos militares y logísticos clave en Venezuela.
Entre los puntos alcanzados se encontraron el Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Caracas; la Base Aérea La Carlota; el puerto de La Guaira; el aeropuerto de Higuerote y la antena de comunicaciones de El Volcán, considerada estratégica para el control de señales en la capital.
De acuerdo con reportes del Pentágono citados por CBS News, la captura de Maduro fue ejecutada por efectivos de la unidad de élite Delta Force, en una incursión terrestre coordinada con los ataques aéreos. Poco después, Trump anunció en su red Truth Social que el mandatario venezolano “fue capturado y trasladado fuera de Venezuela”.
“Operación Lanza del Sur”
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la intervención formó parte de la denominada Operación Lanza del Sur, diseñada a mediados de noviembre de 2025 con el objetivo declarado de combatir el narcoterrorismo y a los carteles presuntamente protegidos por el gobierno venezolano.
Desde la Casa Blanca sostuvieron que la operación apuntó exclusivamente a blancos militares y logísticos, aunque en Caracas se registraron explosiones en zonas civiles y extensos cortes de energía eléctrica tras los ataques en Fuerte Tiuna y El Volcán.
Reacción del gobierno venezolano
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudió la intervención y denunció una “gravísima agresión militar” por parte de los Estados Unidos. Antes de que se confirmara la captura de Maduro, las autoridades emitieron una orden de movilización nacional bajo los planes de defensa “Independencia 200”.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó a la movilización de milicias y fuerzas de seguridad para “defender la soberanía nacional”, mientras el oficialismo intentaba reorganizar el control interno en medio de un clima de confusión política y militar.
Impacto regional e internacional
La intervención estadounidense generó una inmediata reacción internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el ataque y pidió respeto al derecho internacional. Cuba calificó la operación como un acto de “terrorismo de Estado” y reclamó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Irán denunció una violación flagrante de la soberanía venezolana.
Desde la oposición venezolana, el dirigente David Smolansky sostuvo que la intervención fue consecuencia directa de la negativa del régimen a habilitar una transición democrática tras los acontecimientos políticos de 2024 y 2025.
Fuente: Noticias Argentinas
