Arroyo Huerta Grande

El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Córdoba (Si.P.O.S. Córdoba) se expresó a través de un comunicado sobre la imputación de dos representantes de Arcoop por parte del fiscal de Cosquín, Martín Bertone, por los volcamientos cloacales en el arroyo Huerta Grande.

Advirtieron que el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, tiene conocimeinto de las “verdaderas causas de las fallas del sistema”. “Desde el inicio de la concesión, para disminuir el monto de la factura a recibir y abonar por los usuarios, se restó de la misma el costo de la amortización de la infraestructura (los equipos), por lo que estos no se pueden reponer,  como no se pudieron reponer las bombas que se encuentran en un estado de total obsolescencia, todo lo que obliga a multiplicar el ingenio y el trabajo de los operadores del sistema, quienes en lugar de ser reconocidos por su cada vez más ardua e ingrata tarea, son puestos en la picota por el poder político y judicial, convirtiéndolos en verdaderos perejiles, tras los cuales se busca esconder a los verdaderos responsables del estado de situación ambiental de toda la cuenca”, advirtieron.

“En este estado de situación se hace cargo del servicio Cuencas Arcoop, la situación no podía ser más desalentadora, el servicio colapsado las plantas sin funcionar los usuarios en rebeldía contributiva”, señalaron y agregaron: ” No es  casualidad que en vez de reconocimiento  sobre dos de ellos recaiga una imputación penal objeto de amplia propaganda, justo en el año en que finaliza el contrato de concesión de la cuenca Norte y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, anunció la decisión de hacerse cargo del servicio de cloacas en Carlos Paz. Así las cosas, defendemos el correcto desempeño de Fernanda Eguiguren y Jorge Pafundo, a la vez que denunciamos el trasfondo no visibilizado aún de desprestigiar una gestión  que debiera ser valorada en todo el ámbito de la cuenca de que se trata,  pues los resultados de 15 años gestionando el servicio de cloacas de los habitantes de parte Punilla, con el compromiso puesto por parte de sus trabajadores,  no deberían ser cuestionados legal, política y periodísticamente, sino reconocidos considerando las circunstancias reales en las que debió dar batalla para mejorar como se ha hecho las condiciones de vida de miles de habitantes”.