En medio de la tensión política y económica que atraviesa al oficialismo, el Gobierno denunció la existencia de una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada. La presentación judicial se conoció a horas de la dura derrota de La Libertad Avanza en Corrientes y a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia recayó en el juzgado federal número 12, actualmente subrogado por Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Desde el Ejecutivo señalaron que la maniobra tuvo como objetivo “desinformar y desestabilizar el proceso electoral”, e incluso apuntaron a la participación de periodistas como Jorge Rial en la difusión del material.
Poco después de presentada la denuncia, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que la Justicia dispuso “el cese inmediato” de la difusión de los audios en cuestión. La medida fue adoptada por el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Maraniello, quien —según interpretó el funcionario— consideró que se trató de “una violación grave a la privacidad institucional” y no de un ejercicio de la libertad de expresión.
La filtración de las grabaciones de la secretaria general de la Presidencia se sumó a los audios que comprometen a Diego Spagnuolo, y que en los últimos días sacudieron la interna del oficialismo.
Con este movimiento judicial, la Casa Rosada busca retomar la iniciativa en un escenario adverso: la caída electoral en Corrientes dejó a LLA en cuarto lugar y encendió las alarmas de cara a la recta final hacia los comicios bonaerenses.
Fuente Clarín