La presentó el dirigente Marcelo Iriarte, uno de los candidatos que se presentó a los comicios del pasado domingo para la Defensoría del Pueblo.
El 25 de junio pasado, Iriarte ingresó un pedido de juicio político en contra del Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, a partir del video que se viralizó en redes sociales y en medios de prensa locales, provinciales y nacionales. En el video aparece Curvino con una copa en la mano mientras maneja un automóvil en horario nocturno.
Curvino fue reelecto con el 33 por ciento de los votos en las elecciones del domingo que se caracterizaron por la baja participación del electorado. Sólo voto el 17 por ciento del total del padrón.
La presentación llegó a la Presidencia del Cuerpo que, como establece el reglamento, debe girarla a la Comisión de la Sala Acusadora de Juicio Político, presidida por el edil oficialista Leonardo Villalobos. El concejal tiene cinco días hábiles para convocar a los restantes miembros de la Sala Acusadora, constituida por un total de seis ediles.
Como el Concejo está en receso hasta el 1 de agosto, a partir de esa fecha seguiran corriendo los plazos para que la Sala Acusadora para que tome una decisión sobre el fondo de la cuestión.
Este organismo funciona como una fiscalía que debe investigar lo sucedido y debe decidir si hay elementos para acusar. Una vez que termina ese proceso, si la Sala Acusadora determina que hay elementos para acusar lo gira a la Sala Juzgadora. De este modo, la segunda instancia en el cuerpo es la que determina si es culpable o no el funcionario acusado.
Un elemento a tener en cuenta es que si la Sala Juzgadora declara culpable al acusado el municipio debe llamar a un referéndum para que los vecinos ratifiquen la decisión que se tomó en el juicio político.
El planteo
El excandidato a Defensor del Pueblo, Marcelo Iriarte, realizó una presentación formal en la que exige una actuación inmediata y conforme al artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal, así como a las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, frente a un hecho que considera de gravedad institucional.
Iriarte fundamentó su pedido en la difusión de un video que muestra al actual Defensor del Pueblo, Curvino, “conduciendo un vehículo automotor en horario nocturno, portando en una mano una copa con lo que presumiblemente sería una bebida alcohólica”. La escena, registrada por una mujer que lo acompaña y que ironiza sobre la situación, fue ampliamente compartida en redes sociales y medios locales.
“Este material audiovisual ha generado una profunda conmoción en la opinión pública local”, advierte Iriarte en su escrito, al tiempo que enfatiza que no se trata de un episodio privado sin relevancia institucional. “El Defensor del Pueblo no es un vecino más, sino el titular de un órgano constitucional autónomo, cuya misión es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos o desviaciones del poder público”, subraya.
En su petitorio, Iriarte solicitó que el video sea incorporado como prueba clave, se analice su admisibilidad y, de corresponder, se conforme la Sala Acusadora para dar inicio al procedimiento institucional correspondiente. Asimismo, pidió que se garantice “el debido proceso, la transparencia y la publicidad del trámite”.
Con este planteo, Marcelo Iriarte no solo exige una respuesta institucional firme, sino que pone en evidencia la necesidad de preservar la integridad ética de quienes ocupan cargos de representación ciudadana, especialmente cuando se trata de figuras responsables de velar por los derechos y garantías de toda la comunidad.
