Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo y los bloques dialoguistas lograron imponer el nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto, que ahora pasa al Senado, busca endurecer las penas para delitos graves cometidos por menores y crear centros especializados de detención.
En una jornada marcada por intensos debates y un fuerte despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso decisivo en la política de seguridad del gobierno de Javier Milei. Con una mayoría sólida de 149 votos, se aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo punto central es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa contó con el respaldo de un amplio arco político que incluyó a La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Producción y Trabajo. En la vereda opuesta, los 100 votos negativos fueron aportados por el interbloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Los puntos clave del nuevo régimen
Más allá de la baja en la edad, el proyecto introduce cambios estructurales en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal:
Escala Penal: Para los menores de entre 14 y 16 años, las penas tendrán un tope máximo (se debate entre 15 y 20 años de prisión) y no se aplicará la reclusión perpetua.
Tipificación de delitos: La imputabilidad a los 14 años se aplicará para delitos graves: homicidios, violaciones, robos con armas y secuestros extorsivos.
Centros Especializados: El proyecto prohíbe terminantemente que los menores sean alojados en cárceles comunes. Se prevé la creación de Establecimientos de Régimen Cerrado con programas de revinculación escolar y tratamiento de adicciones.
Justicia Especializada: Se establece la creación de fiscalías y juzgados específicos para adolescentes en todo el territorio nacional.
Argumentos en pugna
El debate en el recinto reflejó las visiones contrapuestas sobre la seguridad y la infancia. Desde el oficialismo, el diputado libertario y presidente de la Comisión de Legislación Penal defendió la medida asegurando que “la impunidad no puede ser la respuesta del Estado ante el delito grave, sin importar la edad del victimario”. Por su parte, sectores del PRO y la UCR coincidieron en que el régimen actual de 1980 es “obsoleto” y no ofrece soluciones ni a las víctimas ni a los jóvenes.
Desde la oposición, el peronismo y la izquierda denunciaron que la ley es “punitivista” y que viola tratados internacionales. “Bajar la edad no reduce el delito; lo que reduce el delito es la inclusión social, la escuela y el trabajo. Están buscando chivos expiatorios en los sectores más vulnerables”, sentenciaron desde Unión por la Patria.
