Un megaoperativo conjunto en el norte de la provincia de Córdoba, derivado inicialmente de la búsqueda de paradero de una adolescente, ha permitido desbaratar una red de grooming, abuso y explotación sexual infantil que operaba activamente en la zona limítrofe con Santiago del Estero.
La investigación, liderada por la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, ha culminado hasta el momento con la detención de entre siete y nueve hombres mayores de edad, en su mayoría peones rurales y conductores de transporte irregular, imputados por delitos graves contra la integridad sexual de menores.
El origen de la investigación y el modus operandi
La causa se inició tras la denuncia de desaparición de una joven de 14 años en Villa de María del Río Seco. Al activarse el protocolo de búsqueda, los investigadores localizaron a la menor en la localidad de Sumampa, Santiago del Estero, en un contexto de presunta prostitución infantil junto a otra menor y un adulto.
El análisis forense del teléfono celular de la víctima fue la pieza clave para desentrañar la organización. Los peritos informáticos hallaron un historial detallado de acoso cibernético (grooming) y chats que expusieron cómo los captadores contactaban a las víctimas.
Según la fiscalía, los imputados utilizaban el sistema de «boca a boca» para circular información sobre las menores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, recibiendo en ocasiones alimentos como pago por las actividades sexuales.
Un hallazgo alarmante: implantes anticonceptivos en niñas
Uno de los puntos más graves de la trama surgió durante las evaluaciones a las víctimas, de actualmente 13 y 14 años.
Se confirmó que tres de las niñas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos (chips) desde hacía aproximadamente dos años, es decir, cuando tenían apenas 11 o 12 años.
La Justicia investiga ahora quién autorizó y realizó la colocación de estos dispositivos en circunstancias de abuso.
Marco de protección y protocolos de actuación
Frente a casos de esta complejidad, la normativa vigente, como el Protocolo Municipal de Río Cuarto, establece que el Interés Superior del Niño debe ser la consideración primordial en todas las decisiones.
Este marco legal subraya principios fundamentales como:
No re-victimización: Limitar al mínimo las intervenciones y declaraciones de las víctimas para evitar agravar el daño psicológico.
Obligación de denunciar: Los funcionarios y empleados públicos que tomen conocimiento de estos delitos tienen la carga legal de denunciar de inmediato ante las autoridades judiciales.
Detección temprana: El protocolo identifica señales de alerta, tanto físicas (lesiones, infecciones, embarazo) como psicológicas (conductas hipersexualizadas, cambios bruscos de humor o retraimiento), que deben ser atendidas por los equipos de salud y educación.
Contexto regional y situación judicial
Villa de María del Río Seco, localidad donde se centraron los allanamientos, es la cabecera del departamento Río Seco y se encuentra a solo 26 km del límite con Santiago del Estero.
Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 9 facilitaba el traslado de las víctimas entre provincias.
Actualmente, los detenidos permanecen alojados en dependencias policiales mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados.
La fiscal Cepede no descarta nuevas detenciones y señaló que, si se comprueba una estructura de trata de personas o regenteo, la causa podría derivarse a la Justicia Federal.
Por el momento, la causa avanza bajo figuras penales de grooming, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la prostitución infantil.
