El Gobierno interrumpió una política clave para la recuperación de la identidad de personas nacidas durante la última dictadura militar.
Según una investigación de la Agencia EFE, se ha suspendido el envío a las sedes consulares de los kits de ADN necesarios para que ciudadanos residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos, puedan realizarse las pruebas de filiación sin necesidad de viajar a Buenos Aires.
Esta medida afecta directamente a la Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos integrantes denuncian un desmantelamiento sistemático de las herramientas de búsqueda fuera del país.
Argumentos oficiales y la respuesta de los organismos
Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la Red Europea por el Derecho a la Identidad en Madrid, explicó a EFE que el argumento esgrimido por el Ejecutivo es que supuestamente «no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial».
Sin embargo, la especialista desestimó esta justificación al señalar que «llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez». Parrondo advirtió que esta decisión deja sin alternativas a quienes no cuentan con los recursos económicos para costearse un traslado a Argentina para acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos.
La desarticulación de los canales institucionales
La situación en los consulados se ha vuelto crítica tras la asunción de las nuevas autoridades.
Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, aseguró a EFE que el diálogo con las sedes diplomáticas está interrumpido y que no se han enviado nuevos insumos por fuera de la vía judicial. «Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar», afirmó.
Por su parte, la Agencia EFE intentó obtener una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, pero sus portavoces evitaron pronunciarse sobre el tema.
Despidos y degradación de las áreas de investigación
El impacto de los recortes también se siente en las oficinas centrales. Claudia Carlotto, exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI e hija de la presidenta de Abuelas, denunció una política de hostilidad hacia los organismos de derechos humanos. «Toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total», manifestó a EFE. A esto se suman los despidos masivos en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, lo que, según trabajadores desplazados, evidencia que «no hay intención institucional de trabajar conjuntamente, al contrario».
Una búsqueda que no prescribe La red internacional, establecida en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, París y sedes en Estados Unidos y Canadá, estima que cerca de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado.
Al ser un delito que no prescribe mientras no se recupere la identidad, la interrupción de estos procesos administrativos representa, para los organismos, una traba insalvable en la justicia transnacional.
Martín Moze, integrante de H.I.J.O.S. Barcelona, alertó a EFE sobre la vulnerabilidad de las personas que viven en el extranjero y que hoy se ven privadas de un derecho básico garantizado por el Estado durante los últimos veinte años.
