La causa por los presuntos abusos en el Jardín del Niño Dios de Villa Carlos Paz, en la que está sindicado como sospechoso el sacerdote Alejandro Nicola, sumó una nueva denuncia en la última semana.
En total, son nueve los casos presentados ante la fiscal Jorgelina Gómez que apuntan al sacerdote que fue apartado de la Parroquia bajo la órbita de la cual se encuentra la institución educativa.
También hubo movimientos en lo que tiene que ver con la situación concreta del establecimiento en el que surgieron las denuncias de los padres desde los primeros meses de 2025.
Según información a la que accedió Carlos Paz Vivo, un grupo de padres de niños que aún concurren al Jardín envió una carta al actual representante legal del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, Guillermo Buitrago; al administrador parroquial, el padre Pablo Nassif, y a las autoridades eclesiásticas.
En el escrito, pidieron el apartamiento de los directivos del Jardín de Infantes que se mantienen en sus cargos durante todo este proceso. Los niños involucrados en las denuncias ya no concurren a la escuela que está en el centro las acusaciones.
La carta se presentó hace unos días en la secretaría de la institución.
En ella se plantea la “profunda preocupación y creciente angustia” por los hechos que afectaron a la institución y se apunta directamente al manejo que las autoridades educativas tuvieron del tema.
Según pudo conocer Carlos Paz Vivo, hasta el momento se presentaron 9 denuncias en la Justicia por presuntos abusos que se habrían perpetrado en 2025, en las cuales se apunta al padre Nicola, quien fue notificado como sospechoso en el caso por parte de la fiscal del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez.
El sacerdote fue apartado de su cargo como párroco por la Arquidiócesis de Córdoba y la fiscal le dictó una restricción de acercamiento a los denunciantes.
Además, en el fuero eclesiástico se le inició un proceso para el inicio de un juicio canónico que determine posibles sanciones dentro de sus funciones en la Iglesia. También fue apartado de su cargo el anterior representante legal de la institución Luciano Freytes Varela, sobre el que se plantearon durísimas críticas tanto desde los padres como de algunos docentes del establecimiento.
La semana pasada, el cura Nicola volvió al centro de la escena al difundirse imágenes de una misa que concelebró en la Catedral de Córdoba junto al reconocido sacerdote Javier Soteras.
Qué dice la carta
“La gravedad de los hechos denunciados, el apartamiento de personas vinculadas a la institución y la renuncia de quien se desempeñaba como representante legal constituyen circunstancias que, por sí mismas, justifican una revisión profunda y exhaustiva del accionar desplegado desde el momento en que las primeras situaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades”, señala la carta que fue presentada la semana pasada ante las autoridades.
Y continúa: “La normativa vigente, así como los principios fundamentales que rigen toda institución educativa, imponen a sus autoridades un deber de cuidado, vigilancia, prevención y protección de los menores. Dicho deber comprende no sólo la adopción inmediata de medidas de resguardo frente a cualquier indicio de vulneración de derechos, sino también la escucha activa de los niños, el registro formal de las situaciones informadas, la activación de los protocolos correspondientes y la comunicación responsable y transparente con las familias”.
En el escrito se planteó que eso no ocurrió y plantearon que tanto la directora como la vicedirectora de la institución (Karina Sergio y Andrea Champagna) no ejercieron sus responsabilidades “con la diligencia, sensibilidad y firmeza que las circunstancias requerían”
Qué piden los padres
Los padres enumeraron las solicitudes realizadas a la institución:
La inmediata intervención de las autoridades competentes a fin de revisar y evaluar integralmente el accionar de la conducción directiva y del equipo docente durante todo el período en que se desarrollaron los hechos denunciados.
La determinación de eventuales incumplimientos de los deberes de cuidado, protección, registro, comunicación y actuación establecidos por la normativa aplicable.
El apartamiento preventivo y posterior remoción de la actual conducción directiva del Jardín del Niño Dios, o la adopción de las medidas que resulten necesarias para garantizar una conducción renovada que permita restablecer la confianza de la comunidad educativa.
La implementación de mecanismos permanentes de prevención, capacitación, control y acompañamiento que aseguren el efectivo cumplimiento de los protocolos de protección de la infancia.
La presentación y comunicación formal a las familias de un plan de contingencia y protección que detalle las medidas actualmente vigentes para garantizar la seguridad, el acompañamiento y el resguardo integral de los alumnos dentro del establecimiento.
La comunicación transparente a las familias respecto de las decisiones adoptadas y de las medidas destinadas a restablecer la confianza institucional.
En otro orden, los padres que firmaron la carta señalaron que si bien no tienen ánimo de confrontar ni perseguir a nadie, asumirán un rol más enérgico en caso de que no se cumplan los requerimientos que plantean.
Incluso, advirtieron que iniciarán acciones administrativas para exigir los cambios que se solicitan. “Frente a hechos de esta naturaleza, la responsabilidad institucional exige decisiones claras, firmes y acordes con la gravedad de lo acontecido”, remarcaron.
