Una vecina de La Falda denunció a su vecino por ataques reiterados con agroquímicos y productos tóxicos sobre su propiedad, en un caso que ya suma más de un año de conflicto, múltiples intervenciones oficiales y graves consecuencias ambientales y sanitarias.
Andrea Sisa vive junto a su madre desde hace dos décadas en una casa de calle Presidente Illia, en el barrio Villa Edén, una zona tradicionalmente tranquila de la ciudad. Sin embargo, todo cambió a partir de marzo de 2024, cuando comenzaron los primeros episodios de contaminación intencional. Desde entonces, se registraron más de diez hechos verificados por Bomberos, la Municipalidad, el programa Ojos en Alerta y el CEPROCOR, que confirmó la presencia de pesticidas prohibidos en suelo y agua.
La causa se tramita en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm. Las denunciantes radicaron la presentación formal el 2 de febrero de 2025, por los delitos de usurpación y daños, acompañada por peritajes, actas notariales, informes técnicos y reclamos a distintos organismos provinciales.
“Vivimos respirando veneno. Todo lo que tocamos está impregnado. Nadie hace nada”, expresó Andrea a La Voz, quien asegura que su salud y la de su madre se vieron afectadas por la exposición constante a las sustancias tóxicas.
Falta de respuestas
A lo largo del año, distintos organismos constataron los daños: un ingeniero agrónomo detectó deterioro en la vegetación, la Municipalidad labró un acta sobre el estado del terreno, y el Ministerio de Bioagroindustria confirmó el uso de agroquímicos ilegales. El CEPROCOR analizó muestras y, el 7 de enero de 2025, comunicó resultados positivos en sustancias tóxicas.
El informe fue enviado a los ministerios de Bioagroindustria, Ambiente y Salud, pero —según las víctimas— “no hubo ninguna respuesta”. El 22 de enero funcionarios provinciales verificaron que la contaminación persistía y que no se había realizado ninguna tarea de remediación.
El 3 de febrero, por orden judicial, se allanó la vivienda del acusado y la Policía Judicial secuestró bidones con restos de agroquímicos. Meses después, el CEPROCOR confirmó que el contenido de esos recipientes coincidía con los productos detectados en la propiedad de las denunciantes.
Entre la burocracia y el abandono
En mayo, las vecinas solicitaron al municipio y al Concejo Deliberante información sobre el Código Ambiental local y estudios sobre las napas de agua subterráneas. El municipio respondió que no tenía competencia para ejecutar tareas de remediación y no se realizaron controles adicionales.
“Hace más de un año que pedimos ayuda. El olor, el polvo, los síntomas físicos son cada vez peores. Y seguimos viviendo entre químicos”, lamentó Andrea.
Un expediente que avanza lentamente
El vecino acusado fue indagado el 16 de octubre de 2025 y el 13 de noviembre está prevista una pericia interdisciplinaria para evaluar su situación psicológica. Mientras tanto, las denunciantes reclaman que se apliquen medidas urgentes de protección ambiental contempladas en el artículo 302 del Código Procesal Penal, como la restricción de acercamiento, la remediación del suelo y el retiro de los elementos contaminantes.
“El caso es muy novedoso en materia penal, y el perjuicio que han sufrido las víctimas es enorme”, explicó el abogado Martín Capdevila, representante de las mujeres.
“El nivel de contaminación detectado compromete la salud pública de los vecinos. Destacamos el compromiso de la Fiscalía de Cosquín en la investigación, pero no así el de las autoridades municipales y provinciales, que se niegan a intervenir en la remediación del daño ambiental pese a que la justicia lo ordenó hace más de un mes”, advirtió el letrado.
Mientras la investigación judicial avanza, las víctimas siguen esperando una respuesta concreta para poder volver a vivir sin miedo ni veneno.
