Samirah Rodríguez Soto, recientemente condenada a más de 16 años de prisión por un homicidio en Villa Carlos Paz, se convirtió en pieza clave para enviar a juicio por jurados a 11 guardiacárceles mujeres en Córdoba.
La vida de Samirah Alejandra Rodríguez Soto (21) se mueve entre extremos brutales. Esta misma semana, la Cámara 5ª del Crimen la condenó a 16 años y medio de prisión tras un juicio abreviado por su rol como «viuda negra» en el asalto y homicidio de Gabriel Di Notto en Villa Carlos Paz, en setiembre de 2024.
Sin embargo, la joven de 21 años es también la denunciante clave de una causa que acaba de marcar un hito institucional: 11 mujeres del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) serán sometidas a juicio por jurados, acusadas de aplicar tormentos, golpes y fraguar actas oficiales dentro de la cárcel de Bouwer.
El fiscal de Instrucción, José Mana, solicitó la elevación a juicio de la causa tras reconstruir la dinámica de dos feroces golpizas ocurridas en noviembre de 2025 dentro del Establecimiento Penitenciario N° 3. Las imputadas, al ser funcionarias públicas, enfrentarán a un tribunal popular bajo los cargos de vejaciones calificadas, lesiones leves calificadas, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La semana pasada, Samirah fue condenada a 16 años y ocho meses de prisión al ser considerada culpable del delito de homicidio en ocasión de robo y homicidio criminis causa en grado de tentativa por el crimen del empresario de Carlos Paz, Gabriel Di Noto, quien cayó en la trama de las viudas negras.
El mes pasado, el juicio se suspendió porque la mujer dio a luz a su primer hijo, tras las rejas del penal de Bouwer.
El calvario de Samirah: arrodillada y golpeada
El primer hecho de la requisitoria fiscal ocurrió durante la siesta del 14 de noviembre de 2025 en el Núcleo B del penal. Rodríguez Soto le manifestó a la subalcaide Johana María E. Agüero Martínez su deseo de no permanecer en ese sector del pabellón.
La respuesta estatal fue una represalia violenta. Según la causa, Agüero Martínez trasladó a la joven a una sala del servicio médico donde la tomó de los cabellos, la obligó a arrodillarse y comenzó a propinarle cachetadas en el rostro. Todo esto sucedió bajo la mirada de la subalcaide Dalma Milena Cabrera, quien no solo consintió la agresión, sino que amenazó a Samirah para que guardara silencio, diciéndole que regresara al pabellón y que «ya iba a conocer lo loca que era», provocándole lesiones leves en los brazos.
Golpiza y odio de género contra LEM
Según un informe del periodista Francisco Panero en La Voz, nueve días después, el 23 de noviembre, la violencia se repitió, pero con mayor saña, contra la pareja de Samirah, una interna trans identificada por sus iniciales, LEM. En el expediente se señala que cuando LEM manifestó que no quería permanecer en su celda, fue esposada y trasladada a un box de la Alcaidía por las agentes Nancy Belén Ávila y Jessica S. Vocos. Una vez allí, ordenaron a otra guardia entornar la puerta para evadir las cámaras de seguridad del pasillo.
Según la acusación, la golpiza que siguió fue un ensañamiento masivo. Ávila, Vocos, la subalcaide Mariana Geraldine Britos y la subadjutora Sandra Celina Ybañez atacaron a LEM con golpes de puño y patadas en el suelo, mientras le proferían insultos degradantes vinculados a su identidad de género.
Posteriormente, se señala en el expediente la oficial Cabrera ingresó sola al box para continuar pegándole en la cabeza y el oído, recriminándole su identidad y el hecho de «defender a su pareja», en referencia a Rodríguez Soto. Por orden superior, LEM fue dejada encerrada y esposada durante más de cinco horas. Desde la sala de monitoreo, la encargada visualizó la tortura en tiempo real y omitió intervenir o denunciar.
Un acta falsa para encubrir los tormentos
Para asegurar la impunidad, las subalcaides Cabrera y Britos redactaron un acta oficial esa misma noche. En el documento asentaron falsamente que las múltiples lesiones, escoriaciones y hematomas que presentaba LEM eran el resultado de una supuesta discusión de pareja con Samirah Rodríguez Soto. «Con esto alteraron la verdad y expusieron al interno a sanciones disciplinarias por un hecho inexistente», concluyó la investigación judicial.
La denuncia penal, que contó con el apoyo institucional de la jefa del SPC, Carolina Funes, impulsó a que el Gobierno provincial publicara meses después en el Boletín Oficial un estricto protocolo de aplicación obligatoria para regular y limitar el uso de restricciones mecánicas y fuerza física sobre las personas privadas de la libertad en Córdoba.
📋 Las 11 guardiacárceles que van a juicio por jurados:
Subalcaides: Johana María E. Agüero Martínez, Mariana Geraldine Britos y Dalma Milena Cabrera.
Subadjutoras: Mariel Ledezma, Micaela Soledad Vera, Carina S. Villarruel y Sandra Celina Ybañez.
Subadjutora auxiliar: Mariana Villafañe.
Subayudante: Aylen Macarena de L. Brizuela.
Agentes: Nancy Belén Ávila y Jessica S. Vocos.
