El biólogo y ambientalista Raúl Montenegro criticó con dureza la falta de respuestas oficiales frente al pasivo ambiental que representa la mina de uranio Los Gigantes, clausurada en 1990 y aún sin un plan de remediación definitivo. En declaraciones a El Doce, alertó sobre los riesgos que implica la presencia de millones de toneladas de residuos en la cuenca alta de las sierras cordobesas y exigió que tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como el Gobierno provincial asuman sus responsabilidades.
La mina funcionó durante los años 80 y produjo poco más de 200 toneladas de uranio, pero dejó como saldo más de cuatro millones de toneladas de desechos acumulados en diques de contención. Desde entonces, nunca se concretó una obra de restitución integral, pese a que en 2018 la CNEA presentó un proyecto al Gobierno de Córdoba que aún no obtuvo dictamen técnico. En los últimos años se registraron fallas, como la rotura de la geomembrana de un dique auxiliar en 2021, reparada recién en 2023, lo que evidenció la fragilidad de las estructuras.
Montenegro sostuvo que resulta inconcebible que, a 35 años del cierre, la mina continúe sin soluciones de fondo y con medidas parciales. Recordó que, al estar ubicada en la cuenca alta y rodeada por los arroyos Cajón y Cambuchí, el sitio siempre presenta riesgo de colapso, más aún en un escenario de cambio climático y precipitaciones extremas. Según planteó, las pérdidas menores pueden diluirse en el río San Antonio, pero un evento de magnitud podría tener consecuencias graves.
Para el ambientalista, la mina de Los Gigantes simboliza una herida abierta en las sierras de Córdoba, que expone tanto la desidia de la CNEA como la falta de decisión política en la provincia. “Lo mejor que se puede hacer es concretar de una vez la remediación”, afirmó, remarcando que no es razonable que el pasivo siga sin resolverse más de tres décadas después de su clausura.
