De cara a la elección del próximo Defensor del Pueblo en Córdoba el 29 de junio, una de las propuestas que más ruido causó proviene de Santiago Juliá, referente de Unión Celeste y Blanca, quien sorprendió al presentar su candidatura con un objetivo diametralmente opuesto al que se esperaría para ese cargo: asumir para luego renunciar y desactivar la institución desde adentro.
En diálogo con Carlos Paz Vivo!, Juliá explicó que su postulación funciona como una suerte de “plebiscito ciudadano”, ya que considera que la continuidad de la Defensoría del Pueblo no cuenta con el respaldo popular.
“Mi candidatura es una propuesta para que la gente exprese si considera útil o no esta figura. Si gano, renuncio y dejo el cargo vacante para iniciar el proceso de eliminación de la institución”, afirmó.
Desde su perspectiva, la Defensoría representa un gasto innecesario de recursos públicos: más de 500 millones de pesos al año, según sus estimaciones, para sostener una estructura que, a su juicio, no tiene resultados proporcionales al presupuesto que consume. “En los últimos seis años se invirtieron 6 mil millones de pesos. No creo que tenga logros que justifiquen semejante erogación”, criticó.
Para Juliá, la función de control que actualmente cumple la Defensoría debería ser asumida por organismos ya existentes, como el Tribunal de Cuentas, la Auditoría de Gestión y el Ente Regulador de Servicios Públicos. También propone reformar la Carta Orgánica Municipal para eliminar esa figura institucional y redistribuir sus fondos hacia áreas sensibles, con la condición de que esos recursos no puedan ser reasignados a gastos generales ni quedar subejecutados.
“La política se ha vuelto perversa: se elige un intendente y luego se elige a alguien para que lo controle, incluso propuesto por el mismo intendente. Nos estamos autovigilando con recursos públicos. El sistema está mal diseñado”, sostuvo.
El candidato aseguró que, de resultar electo, dejará vacante la Defensoría como un acto político claro, con el objetivo de que el Concejo de Representantes no pueda ignorar una señal contundente de las urnas. “Sería muy costoso políticamente para los concejales rechazar una modificación de Carta Orgánica que llega con el respaldo del voto popular”, advirtió.
Por último, Juliá remarcó que su intención no es discutir poder con ningún espacio político: “No estoy acá para enfrentar a nadie, sino para representar lo que creo que la mayoría de la gente piensa. Basta con ver las encuestas para entender que la Defensoría, tal como está hoy, no tiene sentido para la ciudadanía”.
La propuesta de Juliá abre un debate profundo: ¿es viable desarmar una institución desde adentro? ¿Se puede convertir una elección en un plebiscito sobre el rol de una figura clave del control público? Para Juliá, las respuestas llegarán desde las urnas el 29 de junio.
Fotos: Luis Tórtolo.