Tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema, la exvicepresidenta Cristina Kirchner ha solicitado al Tribunal Oral Federal 2, cumplir los seis años de prisión en su departamento de San José 1111, donde reside con su hija Florencia. La particularidad de su pedido es que busca hacerlo sin el uso de tobillera electrónica y manteniendo su custodia habitual.
Este requerimiento fue presentado en un escrito de 13 carillas por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, poco después de que se conociera la decisión del máximo tribunal. La defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista busca evitar que Cristina Kirchner pase por una alcaidía, solicitando directamente el arresto domiciliario.
En contraposición, la fiscalía insiste en la detención inmediata de la exmandataria. La situación judicial de Cristina Kirchner entra así en una nueva fase, donde se contraponen su pedido de condiciones especiales para el cumplimiento de la pena y la postura del Ministerio Público Fiscal que demanda una privación de libertad sin dilaciones.
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.
Dejarla presa en una cárcel común ” de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
Fuente Noticias Argentinas.