El sistema de atención a la discapacidad en el Valle de Punilla enfrenta su momento más oscuro. En el podcast Una de Cal abordamos esta problemática con lo que sucede en el EPAR (Villa Bustos), una institución con más de 30 años de trayectoria fundada por el doctor César Serrano, denunció una situación «inviable y desesperante» debido al corte en la cadena de pagos de PAMI y el programa nacional Incluir Salud.
Con 170 pacientes a cargo y 150 empleados, la posibilidad de un cierre definitivo ya no es un fantasma, sino una amenaza real.
“Somos su única familia”
La directora de la institución, Carmen Serrano, explicó con angustia que el EPAR funciona como un hogar para 130 personas con discapacidad intelectual que no tienen familia continente. “Muchos no tienen a nadie; dependen exclusivamente de nosotros para su vida, su atención y sus cuidados. Es imposible mantener la institución cuando no ingresa el dinero para sostenerla”, señaló. Para estos residentes, el cierre del EPAR no significa solo perder un tratamiento, sino quedarse literalmente en la calle.
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Un «ajuste inhumano» y deudas desde octubre
Por su parte, el contador Christian Combina detalló la asfixia financiera que padecen. El 60% de los internos pertenecen a PAMI y el 30% al programa Incluir Salud (ex Agencia Nacional de Discapacidad). “Incluir Salud no paga desde octubre; ponen todas las trabas administrativas posibles para no cumplir la ley”, denunció Combina.
La crisis ya impactó en los trabajadores: por primera vez en tres décadas, la institución tuvo que pagar sueldos en cuotas y dejar de abonar aportes patronales. “Si la semana que viene no cobramos PAMI o Incluir Salud, no vamos a poder pagar los sueldos. No tenemos más financiamiento externo, la situación es crítica día a día”, advirtió el contador.
El retroceso de 40 años
Para los directivos, el rumbo tomado por el Gobierno Nacional parece un intento deliberado de «borrar la discapacidad del mapa». Según Serrano y Combina, las trabas actuales buscan retrotraer los derechos a una época donde la discapacidad se manejaba por «beneficencia» y no como un derecho adquirido. “Es inhumano; se pusieron contra las personas con discapacidad extrema y pobreza. Nos quieren llevar a la dádiva de hace 40 años”, sentenciaron.
Impacto regional en Punilla
El cierre del EPAR no solo afectaría a los internos, sino que generaría un terremoto económico en la región. “Son 150 familias que se quedarían sin trabajo en una zona donde no hay empleo. Además del golpe a los proveedores locales, desde el verdulero hasta el carnicero; es una economía entera que se mueve en torno a la institución”, concluyó Carmen Serrano, pidiendo una decisión política urgente antes de que sea demasiado tarde.
