El femicidio de Agostina Vega desencadenó una profunda crisis institucional dentro de la municipalidad de Córdoba, provocando una onda expansiva que pone en jaque la continuidad de todo el gabinete liderado por el intendente Daniel Passerini. Hasta el momento, trece funcionarios fueron desplazados de sus cargos en medio de una reestructuración interna que promete profundizarse con el correr de los días.
La magnitud de la purga fue confirmada por el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, quien admitió en declaraciones radiales que las renuncias de los jefes directos del imputado Barrelier ya fueron aceptadas por el Ejecutivo. Se trata de Iván Contreras, exdirector general de Tránsito, y Eduardo Ramírez, exsecretario de Tránsito y Movilidad, sobre quienes pesaban cuestionamientos por presuntos vínculos vecinales y de militancia con el acusado.
El funcionario aclaró de manera taxativa que ambos agentes pertenecían a la planta política y no a la permanente, por lo que su desvinculación de la función pública fue total e inmediata.
La vulnerabilidad dentro de la estructura municipal alcanza tal nivel que el propio secretario de Gobierno expuso que su cargo se encuentra bajo revisión, señalando que el intendente Passerini no descarta cambios aún más amplios en las primeras líneas del gabinete.
Al ser consultado sobre cómo el imputado logró ingresar y mantenerse en la administración pública a pesar de haber estado detenido hace un año por privación ilegítima de la libertad, Fernández reconoció en diálogo con Cadena 3, una grave falla en los filtros internos. Aunque evitó hablar de complicidades políticas explícitas, admitió que la comunicación formal no funcionó de la manera adecuada para que las máximas autoridades estuvieran al tanto de los antecedentes antes de que ocurriera el trágico desenlace.
Asimismo, explicó que la condición de «becario» de Barrelier facilitó su inmediata expulsión, una agilidad que el estatuto actual no permite con el personal de planta permanente. Ante este escenario, el Ejecutivo local envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con el objetivo de profundizar y acortar los plazos de control de todos los empleados municipales.
El entramado de la investigación también roza los controles comerciales de la noche cordobesa, puntualmente en torno al bar «Wachitas».
Fernández detalló que este establecimiento acumulaba reiteradas clausuras por fallas edilicias, de higiene y de seguridad. A pesar de que los responsables del lugar iniciaron un proceso de regularización digital que concluyó con el pago de aranceles el pasado 2 de junio, el comercio volvió a ser clausurado por no reunir las condiciones mínimas para funcionar.
Respecto a la identidad real del propietario del polémico local, el secretario de Gobierno afirmó no disponer del dato por no pertenecer al área de fiscalización, aunque se comprometió a aportarlo a la causa.
