En un nuevo capítulo de la puja entre Córdoba y el Gobierno nacional por el control de la infraestructura vial, el gobernador Martín Llaryora encabezó este martes el acto de preadjudicación para la construcción de 62,9 kilómetros de la autopista sobre la Ruta Nacional 19, entre San Francisco y la ciudad de Córdoba. Con un tono marcadamente crítico, el mandatario exigió a la Casa Rosada la firma de un decreto que habilite la transferencia de la traza al dominio provincial, condición indispensable para poder iniciar las obras.
“Si no quieren hacer la obra, la hacemos nosotros. Solo necesitamos la firma de un decreto que nos transfiera la ruta para poder entrar con las máquinas”, lanzó Llaryora durante el acto, en un mensaje que combinó presión política, señalamiento institucional y promesas de gestión.
El proyecto, que prevé una inversión de $196.308 millones financiados íntegramente con fondos de la Provincia, contempla una infraestructura vial de alta complejidad: calzadas separadas, distribuidores, puentes, iluminación y medidas de seguridad. La ejecución está a cargo de la empresa Caminos de las Sierras y se licitó en tres tramos que fueron adjudicados —de manera provisoria— a las firmas José J. Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.
Entre la urgencia y la disputa de competencias
La Ruta 19, que une Córdoba con Santa Fe, forma parte de uno de los corredores bioceánicos más relevantes del país y registra más de 3 millones de vehículos al año. Sin embargo, su estado parcial de ejecución y los tramos aún sin transformar en autopista le han valido el apodo de “ruta de la muerte”, al ser escenario frecuente de accidentes fatales.
Desde el gobierno provincial se señala que la Nación incumplió con la finalización de su parte del trazado y que Córdoba ya había ejecutado los tramos bajo su responsabilidad. En ese contexto, Llaryora insiste en que no puede esperar más: “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso”, afirmó.
El pedido para que la Nación firme el decreto de cesión no es nuevo, pero la Provincia le imprimió ahora un giro más confrontativo. La demanda encuentra eco en intendentes del corredor afectado —incluso de distintos signos políticos— y en actores del sector productivo y sindical, que coinciden en la necesidad urgente de completar la obra.
Lecturas políticas e interpretativas
El anuncio no sólo puede leerse como un acto de gestión sino también como un posicionamiento político. Llaryora, que viene marcando distancia del rumbo económico y político del presidente Javier Milei, refuerza así el perfil de un gobernador que “hace”, aun en medio de restricciones financieras y competencias cruzadas.
El planteo interpela directamente a la lógica del actual gobierno nacional, que apuesta por un Estado reducido y por la retracción de la obra pública. Llaryora, por el contrario, reivindica la inversión en infraestructura como motor de desarrollo. “Sin rutas, sin educación, sin ciencia, no hay país posible”, declaró, en una frase que puede leerse tanto como una crítica al modelo libertario como una reafirmación de principios federales.
En esa línea, el mandatario calificó a la autopista inconclusa como “una vergüenza nacional” y llamó a “convertir la ruta de la muerte en la ruta de la vida”, apelando a una narrativa que combina emotividad, gestión concreta y reclamo institucional.
Una obra con impacto regional
El proyecto tiene además implicancias económicas directas. La Ruta 19 atraviesa zonas de alta productividad agroindustrial, como los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo. Según datos del Hospital de Arroyito, sólo en lo que va del año ya se registraron 63 atenciones por accidentes en el tramo cercano a esa localidad.
Por otra parte, desde el gremio de la construcción UOCRA destacaron el impacto que la obra tendrá en el empleo. Su secretario general, Néstor Chavarría, señaló que en un contexto de pérdida de más de 120 mil puestos de trabajo a nivel nacional, la decisión del gobierno cordobés “devuelve dignidad” a los trabajadores del sector.
El tiempo corre
El plazo estimado para la ejecución de la obra es de 18 meses, pero la fecha de inicio depende, en última instancia, de una decisión política del Gobierno nacional. La firma del decreto de traspaso es un trámite administrativo, pero con peso estratégico. En ese punto, el reclamo cordobés no es sólo técnico: es también una expresión del debate por el federalismo real y la autonomía de las provincias para decidir sobre su infraestructura crítica.
Por ahora, la pelota está en la cancha de la Nación. Córdoba avanza, pero necesita el permiso para hacerlo. Y ese permiso —en forma de decreto— se convirtió en el símbolo de una disputa que trasciende el pavimento y pone en tensión dos modelos de país.