La situación de la Justicia en Carlos Paz atraviesa uno de sus momentos más delicados. A las demoras que desde hace meses afectan la tramitación de expedientes se sumaron los paros de los empleados judiciales y las constantes fallas del sistema informático, un escenario que, según advierten desde el Colegio de Abogados delegación Villa Carlos Paz, viene perjudicando tanto a los profesionales como a los ciudadanos que esperan una respuesta judicial.
La presidenta de la Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba, Romina Gudiño, analizó la problemática este miércoles en el programa «A la Mañana Noticias» de Carlos Paz Televisión y sostuvo que el conflicto no puede reducirse únicamente al reclamo salarial de los trabajadores, que esta semana quedó en suspenso por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Córdoba.
«Los paros agravan la situación, pero el problema viene desde hace tiempo. Ya existían importantes demoras por la falta de recursos humanos y eso termina repercutiendo directamente en quienes necesitan una respuesta de la Justicia», explicó.
Expedientes que se acumulan
Gudiño detalló que actualmente existen juzgados que registran retrasos de entre 15 y 30 días solamente en el despacho diario de expedientes, una demora que se incrementó durante las medidas de fuerza.
La dirigente explicó que la realidad de Villa Carlos Paz difiere notablemente de la de la ciudad de Córdoba. Mientras los tribunales locales reciben más de 140 presentaciones por jornada, en muchos juzgados de la capital provincial ingresan entre 40 y 50 escritos diarios, aunque cuentan con una estructura de personal mucho más amplia.
«Esa diferencia demuestra que la sede de Carlos Paz necesita reforzar su planta de empleados y funcionarios para poder responder a la demanda que tiene actualmente», afirmó.
Reclamos ante el Tribunal Superior
Con ese diagnóstico, representantes del Colegio de Abogados mantuvieron una reunión con autoridades del Tribunal Superior de Justicia, encabezados por el presidente de la institución, Eduardo Vitar.
Durante el encuentro expusieron la necesidad de incorporar personal, mejorar la infraestructura administrativa y encontrar una salida al conflicto que mantiene paralizada parte de la actividad judicial.
Según Gudiño, las autoridades del máximo tribunal reconocieron las dificultades que atraviesa la sede local y se comprometieron a seguir trabajando en soluciones específicas para Villa Carlos Paz.
Además, adelantó que integrantes del Tribunal Superior de Justicia visitarían la ciudad en los próximos días para mantener un encuentro con los abogados y analizar la realidad de los tribunales locales.
El sistema digital también genera inconvenientes
Otro de los puntos planteados durante la reunión fue el funcionamiento del Sistema de Administración de Causas (SAC), utilizado para la gestión digital de los expedientes judiciales.
Desde el Colegio de Abogados señalaron que desde el reinicio de la actividad judicial, tras la feria de verano, la plataforma presenta fallas recurrentes que dificultan la labor diaria de abogados, empleados y funcionarios.
Ante esta situación, la institución creó un observatorio destinado a relevar los problemas técnicos y trabajar junto al área informática del Poder Judicial para mejorar el funcionamiento del sistema.
En tanto, en relación con el reclamo salarial de los empleados judiciales, Gudiño recordó que las medidas de fuerza comenzaron en diciembre y ya superan las veinte jornadas de paro.
La reciente conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo abrió una instancia de negociación entre las partes, mientras que el Colegio de Abogados solicitó participar en ese proceso como tercero interesado, con el objetivo de contribuir a una solución que permita normalizar el servicio.
Nuevos juzgados, una posible respuesta
En paralelo, la Legislatura de Córdoba analiza un proyecto para ampliar la estructura judicial en Villa Carlos Paz mediante la creación de un nuevo Juzgado de Control, otro Juzgado de Competencia Múltiple y una Defensoría Pública.
Ante el inminente anuncio, la presidenta de la delegación local consideró que la iniciativa representa una oportunidad para aliviar la sobrecarga de trabajo que hoy afrontan los tribunales, aunque advirtió que será indispensable acompañar esas nuevas dependencias con la incorporación de personal.
«El edificio tiene espacio disponible. Lo importante será que esos organismos puedan funcionar con los recursos humanos necesarios», indicó.
Licencias que agravan el panorama
A la escasez de personal se suma la ausencia prolongada de tres funcionarios judiciales que permanecen con licencia médica: el fiscal del Turno 2, una defensora pública y el juez de Control.
Para Gudiño, esta situación obliga a redistribuir tareas entre el resto de los magistrados y funcionarios, incrementando la carga laboral y extendiendo aún más los tiempos de resolución.
«La Justicia necesita una respuesta estructural. Si no se incorporan más recursos humanos y no se fortalece el funcionamiento de los tribunales, las demoras seguirán creciendo y quienes terminan perjudicados son los ciudadanos que esperan una solución a sus conflictos», concluyó.
