Alejandra Velázquez fue sentenciada a tres años de prisión e inhabilitada por seis años para ejercer cargos públicos. La exmagistrada captaba a embarazadas en situación de vulnerabilidad para ofrecer adopciones exprés a parejas de alto poder adquisitivo.
La exjueza a cargo del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, Alejandra Velázquez, fue condenada esta semana a la pena de tres años de prisión tras ser hallada culpable de liderar una red ilegal dedicada a captar mujeres embarazadas de bajos recursos con el objetivo de entregar a sus bebés a familias de alto poder adquisitivo. La exmagistrada fue hallada responsable del delito de “cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública” y recibió, además, una inhabilitación de seis años para el ejercicio de la función pública.
A pesar de la gravedad de la pena impuesta, Velázquez no regresará a un establecimiento penitenciario. Según informó el diario El Resumen de Pilar, la Justicia le concedió el beneficio de la libertad condicional debido al tiempo que ya permaneció bajo arresto efectivo desde su detención.
El entramado ilegal: «Vayan a buscar panzas»
El caso penal avanzó con fuerza gracias a las declaraciones de dos asistentes sociales que se desempeñaban en el juzgado conducido por Velázquez. Ambas testigos coincidieron en relatar ante las autoridades un preocupante episodio ocurrido en el despacho de la entonces jueza, donde recibieron una orden directa: “Vayan a buscar panzas”.
Según consta en la investigación judicial, la funcionaria pretendía que las trabajadoras sociales recorrieran barrios vulnerables del partido bonaerense para identificar a jóvenes embarazadas que estuvieran dispuestas a entregar a sus hijos recién nacidos a cambio de un rédito económico. La imputación por cohecho se configuró formalmente sobre la base del ofrecimiento de dinero, dado que las asistentes sociales rechazaron de manera unánime la propuesta de la magistrada y decidieron denunciar lo ocurrido.
De las ausencias laborales al escándalo internacional
Si bien las maniobras delictivas denunciadas comenzaron en el año 2011, el hilo conductor que destapó el escándalo fue puramente administrativo: las reiteradas e injustificadas ausencias de Velázquez a sus jornadas laborales habituales. La investigación interna motivada por su ausentismo terminó revelando un descontrol institucional absoluto dentro del Juzgado de Familia N°1, el cual Velázquez subrogó durante seis años.
Entre las irregularidades detectadas se comprobó que la exjueza permitía que sus colaboradores directos adulteraran las fechas y firmaran más de 600 expedientes y sentencias mientras ella se encontraba de viaje de placer en el exterior, muchas veces sin la autorización correspondiente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
A raíz de una denuncia impulsada por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Procuración General, Velázquez fue suspendida en abril de 2017 y, finalmente, destituida por unanimidad en septiembre de ese mismo año por un jurado de enjuiciamiento de magistrados, que la encontró responsable de falsificar documentos, incumplimientos reiterados en materia de adopción, acoso laboral y actos de parcialidad manifiesta.
Captura en España y extradición
Tras permanecer alejada de la escena pública, el recorrido judicial de la exjueza sumó un capítulo internacional en julio de 2024, cuando fue localizada y detenida en la ciudad de Valencia, España, mediante un pedido de captura internacional emitido por el juez de Garantías N°6 de San Isidro, Nicolás Ceballos, a instancias del fiscal José Amallo.
Luego de completarse con éxito el proceso de extradición hacia la Argentina, Velázquez permaneció bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad de Tigre, lugar donde esperó la resolución del juicio que esta semana le dictó una condena efectiva, clausurando uno de los capítulos más oscuros del fuero de Familia de la provincia de Buenos Aires.
Con información de La Nación.
