Etiquetada como la más grande de América, la prisión, con capacidad para 40.000 reclusos, alberga tras las rejas a 12.000 pandilleros que viven bajo un régimen estricto.
Cuenta con un riguroso esquema de seguridad, y aloja a más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador que están encerrados en esta megacárcel construida por orden del presidente Nayib Bukele. El lugar es un ejemplo de la guerra que comenzó el año pasado contra las maras. El centro penitenciario es el más grande de América y lleva seis meses entre luces y sombras.
”Cuando uno es niño, cualquiera le dice mentiras, lo endulza y uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (…) se viene a dar cuenta”, expresó a la agencia AFP Nelson Velásquez, de 37 años, que tiene tatuado en su cabeza “MS-13″ (Mara Salvatrucha).
Velázquez brindó su testimonio en el marco de una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron el lunes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador.
La megacárcel cuenta con una capacidad para 40.000 personas y empezó a recibir internos desde el 24 de febrero, y hasta la fecha contabiliza 12.114 presuntos pandilleros, que en su mayoría están acusados de pertenecer a las violentas “Mara Salvatrucha” y “Barrio 18”, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.
Con las manos atadas, vistiendo remera y pantalón corto blancos, Velásquez, recluso de la celda 13 del edificio 3, relata que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora espera un nuevo proceso.
Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de espacios tragaluz para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.
Velásquez indica que el movimiento del sol establece la hora de los reclusos para que cada celda reciba unos rayos adicionales.
”Aquí estamos perseverando día a día tratando de cambiar”, declara desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.
La cárcel fue erigida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a un ascenso de la violencia Salvadoreña que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Para edificar la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron empleadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.
Las opiniones de los reclusos
Durante la visita al penal, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría manifestó que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para la limpieza de las celdas.
Otros presos tienen opiniones divididas, mientras unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, otros reclamaron por medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.
En cada celda de unos 100 m2 habitan de 60 a 75 presidiarios que disponen de cuchetas, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.
”Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando”, responde a los internos el comisionado Guzmán.
Organismos humanitarios han reclamado sobre el trato que reciben en las cárceles quienes son acusados de pertenecer a las pandillas. En un informe tras cumplirse el primer año del régimen de excepción, la ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció que tenía el registro de 174 muertes bajo custodia del Estado, y la calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”.
Pero en el Cecot, según Guzmán, “los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones, (y) se respetan los derechos humanos”.
Los reclamos
Tras dialogar con internos de distintas celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, aseguró que los reclusos se quejaron por las raciones de comida. ”Se quejan de que la comida no es suficiente” y “que están ociosos. No hacen nada porque se la pasan encerrados”, remarcó Caballero a la AFP.
Los pandilleros recluidos, según explica la funcionaria, “están conscientes que lo que hicieron (crímenes) los ha traído (hasta) aquí”.
La procuradora expresó que un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos atiende a los internos. Un médico declaró que “a diario” se toman muestras del agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.
En febrero, el Cecot inició un severo régimen en el que los reclusos nunca salían de sus celdas, e incluso aún no se les permite recibir visitas familiares, pero para internos como Velásquez a medida que pasa el tiempo “la bendición está fluyendo”, indica en referencia a que la mayoría se han declarado “cristianos”.
Fuente y foto: La Nación
