El sismo, el más fuerte registrado en el país desde 1979, destruyó decenas de edificaciones en el eje cafetero y Cali, obligando a declarar la emergencia nacional en el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella.

Colombia ha entrado en estado de emergencia nacional tras registrar este lunes un terremoto de magnitud 7,4 que se prolongó por cuatro minutos y afectó de manera directa al oeste del país, sintiéndose con fuerza desde Bogotá hasta Panamá y Ecuador. Con un balance preliminar de al menos 132 víctimas fatales y más de 500 heridos, los organismos de socorro continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes ante el colapso de decenas de edificios.

El epicentro se situó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectando gravemente a la capital regional, Quibdó. No obstante, los mayores estragos urbanos y la concentración de víctimas se han registrado en:

  • Pereira, Armenia y Manizales: En el eje cafetero, el movimiento revivió el trauma del histórico sismo de 1999. Se reportan múltiples colapsos de infraestructura, aeropuertos cerrados e interrupciones en los servicios básicos.
  • Cali: La tercera ciudad de Colombia declaró el toque de queda y fue militarizada para resguardar las áreas urbanas colapsadas donde avanzan las maniobras de rescate.

Emergencia en el inicio de gobierno

La tragedia irrumpió a solo tres días de la asunción del presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario asumió la conducción directa de la crisis desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) e hizo un llamado a la unidad nacional sin distinciones políticas para volcar la atención hacia las víctimas.

Para atender el desastre, el Ejecutivo desplegó a sus principales ministros en las regiones más golpeadas y anunció la designación del ingeniero geólogo David Suárez Tamayo al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Apoyo de la comunidad internacional

Ante la magnitud del desastre, la ayuda exterior comenzó a movilizarse de inmediato. Estados Unidos anunció una asignación de 15,5 millones de dólares para labores de refugio y alimentos, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un aporte directo de 500.000 dólares. Diversos mandatarios de la región e instituciones internacionales como la ONU también manifestaron su disposición para enviar equipos de rescate e insumos humanitarios.

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