Este viernes hubo novedades en el caso que se destapó en las últimas horas tras la difusión de una serie de audios con la voz del ahora ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnolo, en los que habla de presuntos sobornos por la compra de medicamentos.
La Justicia Federal concretó en la noche del jueves unos 15 allanamientos en domicilios, reparticiones públicas y oficinas de distintas empresas. Se conoció, además, que se le secuestraron 200 mil dólares a uno de los dueños de las droguerías involucradas en la denuncia.
El caso se inició a partir de los dichos de Spagnolo quien, además, es el abogado personal del presidente Javier Milei. En los audios involucra al círculo cercano a la hermana del jefe de Gobierno, Karina Milei, y a Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Según informa La Nación, “el empresario que encontraron en Nordelta cuando intentaba eludir a la Policía era Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Llevaba en el auto una decena de sobres en los que estaban repartidos los 266.000 dólares y papeles con anotaciones. También le encontraron $7.000.000″.
El nombre de Spagnolo se conoció públicamente a partir de una nota que le realizó el canal La Nación+ a Ián Moche, el adolescente que padece autismo y es influencer de temas relacionados a la discapacidad. Moche señaló en esa nota que el funcionario les dijo en una reunión a su madre la frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.
Ese tema también se judicializó luego de que el presidente compartiera posteos de sus seguidores en los que se trataba al niño como “kuka” o “kirchnerista”. Hace pocos días la Justicia avaló el comportamiento de Milei al señalar que lo hizo a título personal y no como jefe de Estado.
Repercusiones
Los audios sobre las presuntas coimas en la compra de remedios en el área más sensible de la sociedad se conocieron justo en los días en que el Congreso trataba su respuesta al veto del presidente Milei a la ley que declara la emergencia en la Discapacidad.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y realizados por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.