El crimen de Andrea Castana, ocurrido el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz, todavía sigue impune. Una nueva línea investigativa encontró que el ADN hallado en el cuerpo de Andrea coincide con el que se detectó en una mujer que fue violada en el mismo lugar en 2004.

Después, la Fiscalía del Segundo Turno encontró otros cuatro tres de similares características con el mismo atacante, en el mismo sitio y el mismo modus operandi.

El periodista Andrés Ferreyra entrevistó a la abogada Daniela Pavón, que encabeza el equipo de la querella por parte de la familia Castana. La letrada se quejó por la larga demora que tuvo la Justicia para encontrar alguna conexión entre las causas de 2004 y 2005 con el crimen de Andrea.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Andy Ferreyra (@andyferreyra85)

 

Poca seriedad en la investigación

En declaraciones, Pavón manifestó su inquietud por la falta de seriedad con la que se manejaron las denuncias previas, indicando que esto pudo haber contribuido a que las víctimas no se animaran a denunciar.

“Antes este tipo de denuncias estaban muy descuidadas. Es lo que llevaba también a que las mujeres, a los fines de no ser revictimizadas, ni siquiera denunciaran”, afirmó Pavon durante la entrevista con Ferreyra.

“Pero creo que tiene que ver también con una cuestión de turismo, de atraer a los visitantes. Sin embargo, la verdad es que es una irresponsabilidad y habla de la ineficiencia o, si se quiere, de encubrimiento”, agregó.

La abogada hizo hincapié en la necesidad de que tanto el exfiscal Gustavo Marchetti como el Estado asuman responsabilidad por las deficiencias en la investigación. “Es un fiscal que hoy no está en su función, pero creo que merece algún tipo de responsabilidad él y el Estado en sí porque estas cosas se ocultan o se dejan de investigar también, y el estado es responsable”.

El caso de Andrea Castana vuelve a poner sobre la mesa la importancia de una investigación rigurosa y del compromiso del Estado en la protección de sus ciudadanos. La familia de la víctima, junto con la abogada Pavon, exige respuestas y justicia ante lo que consideran una lamentable cadena de errores que prolongó el sufrimiento y la incertidumbre durante más de 8 años.