Un fiscal de Arabia Saudita solicitó en las últimas horas la pena de muerte para 5 activistas, entre ellos la defensora de los derechos humanos Israa al-Ghomgham, de 29 años.

Human Rights Watch (HRW), que monitorea el caso, informó que Israa podría convertirse en la primera mujer en ser ejecutada por su trabajo en el campo de los DD.HH. Sería un precedente peligroso para otras presas.

Al menos 13 mujeres activistas han sido arrestadas desde mediados de mayo. Las acusaron de actividades que suponen un riesgo para la seguridad nacional.

Incluso medios sauditas las han considerado “traidoras” y apoyan que sean decapitadas.

En 2016 las autoridades mataron a 47 hombres acusados ​​de terrorismo: fue la mayor cifra nacional desde 1980. Arabia es el tercer país que más gente ejecuta.

HRW dijo que Israa es una activista chiita que participa y documenta las protestas masivas  desde 2011.

Los miembros de esa comunidad religiosa se han lanzado a las calles para quejarse de la discriminación que enfrentan por el gobierno, que es sunita.

Israa fue arrestada junto a su esposo Moussa al-Hashem en diciembre de 2015. Están en la prisión de Damman al-Mabahith.

El fiscal que impulsa la ejecución reporta directamente al rey y la acusa de participar en manifestaciones en la región de Qatif, incitar a la protesta, cantar lemas hostiles al régimen, tratar de inflamar la opinión pública, filmar protestas y publicar en las redes sociales y proporcionar apoyo moral a los alborotadores.

El caso todavía está bajo revisión y los grupos de derechos humanos piden a las autoridades que retiren los cargos.

El director de campañas en Oriente Medio para Amnesty Internacional, Samah Hadid, dijo: “Israa al-Ghomgam y otras 4 personas enfrentan ahora el castigo más espantoso posible simplemente por participar en protestas antigobierno. Instamos a las autoridades a que frenen este plan inmediatamente”.

A principios de agosto el régimen saudita echó al embajador de Canadá y rompió relaciones comerciales tras una crítica por los activistas detenidos.

Fuentes: Reuters, BBC, Human Rights Watch, Amnesty International.