A seis años de la desaparición de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, la causa atraviesa un momento de renovación bajo la mirada de una nueva fiscalía, pero arrastrando las sombras de un proceso viciado desde el primer día.
Daniela Pavón, abogada de la querella, reveló en el podcast Una de Cal algunos detalles estremecedores sobre el manejo de los restos de la joven viajera y apuntó directamente contra la actuación policial y judicial que permitió que el tiempo borrara huellas fundamentales para la verdad.
La letrada confirmó una información que generó indignación en la familia Basaldúa al señalar que el cuerpo de Cecilia fue enterrado en el cementerio San Vicente en el año 2021, una circunstancia de la que tomaron conocimiento hace muy poco tiempo.
Pavón explicó que, si bien la fiscalía anterior sostuvo que la familia había sido notificada, la querella se había opuesto terminantemente a ese proceso porque consideraban que no se habían realizado todas las pruebas necesarias sobre el cuerpo. Esta situación resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que, mientras se desarrollaba el juicio contra Lucas Bustos —quien finalmente fue absuelto por falta de pruebas—, la familia seguía solicitando pericias sobre un cuerpo que ya no estaba disponible, sin que nadie les informara fehacientemente de su destino final.
Respecto al estado actual de la investigación, la abogada manifestó una luz de esperanza con la llegada de la fiscal Sabrina Ardiles, destacando que se está avanzando en investigar qué pasó realmente con Cecilia y cuál fue el papel de la policía, un punto sumamente cuestionado durante el juicio en Cruz del Eje. Pavón lamentó profundamente el tiempo perdido al enfocarse en una persona sin pruebas, lo que provocó la pérdida de información valiosa que debería haberse obtenido en los primeros momentos del confinamiento por la pandemia, cuando Cecilia desapareció tras llegar a Capilla del Monte.
El caso Castana, más cerca
La entrevista también permitió abordar otros casos de alto impacto en el Valle de Punilla, como el de Andrea Castana. Pavón, quien representa al padre de la víctima, se mostró conforme con el traslado de la causa a los tribunales de Cosquín bajo la instrucción de la fiscal Silvana Páez. Según la abogada, este movimiento evita que el expediente «duerma» como sucedió durante años, asegurando que actualmente trabajan en equipo para reactivar una investigación que estuvo paralizada y sin instructor durante casi doce meses.
No generalizar en casos de denuncias falsas
Finalmente, la abogada hizo una contundente reflexión sobre el discurso de las «falsas denuncias» que ha circulado con insistencia tras algunos fallos recientes. Pavón advirtió sobre la peligrosidad de generalizar estos casos aislados para deslegitimar la lucha contra la violencia de género.
Señaló que, aunque existan denuncias falsas, representan un porcentaje ínfimo frente a la cantidad de femicidios y situaciones de violencia real que se padecen a diario.
Incluso relató su propia experiencia de haber sido violentada en el ejercicio de su profesión por defender a víctimas, haciendo un llamado a los medios y a la sociedad a no usar el contexto social para relativizar un problema tan serio como el de la violencia de género, donde las condenas se dictan en base a pruebas concretas.
