La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación oficial y calificó de “ilegítima” la suspensión de la norma. El fallo obliga a recomponer salarios y actualizar becas de forma urgente.
En una resolución que marca un punto de inflexión en el conflicto educativo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La decisión judicial llega tras tres semanas de paro nacional que paralizaron las casas de altos estudios en todo el país.
La Justicia no solo rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo, sino que fue tajante al calificar los argumentos oficiales como “poco serios”.
El fallo ratifica que la voluntad del Congreso, expresada por amplia mayoría en ambas cámaras, debe respetarse por sobre los decretos de suspensión.
Los puntos clave de la resolución
La medida judicial impone obligaciones específicas al Ejecutivo para revertir el desfinanciamiento del sector:
Recomposición Salarial: Se exige el ajuste de los haberes para docentes y no docentes, retroactivo desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025.
Actualización de Becas: El Gobierno deberá poner en marcha, de manera urgente, la actualización de los montos destinados a los estudiantes.
Cese de la Suspensión: La Justicia determinó que la suspensión de la ley por vía de decreto es ilegítima.
Cronología del conflicto
La batalla legal se intensificó el mes pasado cuando la Procuración del Tesoro apeló una medida cautelar dictada originalmente en diciembre de 2025. Aquel amparo había sido impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en respuesta al crítico escenario presupuestario.
“La resolución es el resultado de un reclamo conjunto entre el CIN y las universidades públicas ante un desfinanciamiento que puso en jaque el funcionamiento del sistema”, destaca el informe de la Agencia NA.
Impacto en las aulas
Este fallo se produce en un contexto de altísima tensión social, tras 21 días de inactividad total en la mayoría de las universidades del país. Con esta orden judicial, se espera que el conflicto gremial comience a destrabarse, supeditado a que el Gobierno efectivice los pagos y las actualizaciones exigidas por la Cámara.
