Tras dos meses de detención en Río de Janeiro, la santiagueña quedó habilitada para volver al país. El acuerdo judicial incluiría tareas comunitarias y una indemnización que podría alcanzar los 120 mil dólares en total por tres hechos de injuria racial.
El caso de Agostina Páez, la abogada argentina que permanecía detenida en Brasil bajo la acusación de injuria racial, ha dado un giro decisivo. Tras una audiencia preliminar, la justicia brasileña habilitó su regreso a Argentina, aunque bajo condiciones estrictas que incluyen una compensación económica que ha causado un fuerte impacto por su elevado monto.
Si bien el proceso judicial en el país vecino continúa, se filtró que la profesional deberá cumplir con tareas comunitarias en su provincia natal, Santiago del Estero. Sin embargo, el dato que más repercusión generó es el costo de la reparación económica para las víctimas.
Tres hechos en una misma noche
Según información trascendida en medios nacionales, la fiscalía brasileña mantenía un pedido de 15 años de prisión debido a que no se trató de un hecho aislado. La acusación contempla tres episodios de injuria racial ocurridos durante la misma noche en el bar Barzin, en Río de Janeiro.
Primer episodio: El incidente que se viralizó en redes sociales, denunciado por un empleado del establecimiento.
Denuncias adicionales: Otros dos testimonios de personas que aseguraron haber sido víctimas de insultos racistas en el mismo lugar y jornada.
El impacto económico del acuerdo
Aunque no existe una cifra confirmada oficialmente por la justicia de Brasil, fuentes periodísticas indicaron que el monto de la indemnización rondaría los 40.000 dólares por cada una de las tres víctimas. De confirmarse estos valores, la suma total ascendería a los 120.000 dólares.
Este monto se suma a la ya onerosa carga financiera que enfrenta la abogada tras más de dos meses de estadía forzosa en Brasil, los costos de su defensa legal internacional y los gastos operativos de su traslado.
Antecedentes y contexto
El caso de Páez tomó relevancia internacional debido a la severidad con la que la legislación brasileña trata los delitos de racismo e injuria racial, los cuales son imprescriptibles y no admiten fianza en su forma más grave.
La resolución de este conflicto mediante una indemnización económica y tareas comunitarias marca el cierre de su etapa de detención, aunque la mirada social sobre la gravedad de las acusaciones permanece latente.
Fuente: Eldoce.tv.
