El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, bajo la dirección del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó un avance sustancial en la causa que investiga enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar.
Tras intensas tareas de análisis genético sobre restos óseos hallados en el predio militar de la Loma del Torito, cercano al ex centro clandestino de detención La Perla, se logró identificar con un ciento por ciento de certeza a 12 personas.
Este hallazgo es el resultado de la campaña de excavación más importante de las últimas décadas, desarrollada por el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la colaboración del Instituto de Medicina Forense de la Provincia.
Bajo reserva
La Justicia mantiene bajo reserva las identidades de las víctimas hasta completar el proceso de notificación a sus familiares directos, una tarea de extrema sensibilidad que se está llevando a cabo en estas horas.
Según trascendió desde ámbitos vinculados a las querellas, además de los restos óseos, los investigadores habrían encontrado objetos personales, como una cadenita, que pertenecieron a los desaparecidos. El magistrado aclaró que estos resultados son parciales, ya que todavía se están procesando muestras de otros fragmentos hallados en la misma zona, lo que abre la posibilidad de nuevas identificaciones en el corto plazo.
La zona de la Loma del Torito, ubicada dentro de la Guarnición Militar de La Calera, fue señalada históricamente por testimonios de sobrevivientes y de un ex militar que reconoció fusilamientos en el lugar. La búsqueda actual se apoyó en tecnología de vanguardia, como el sistema Lidar para detección aérea de movimientos de suelo, y el cotejo de fotografías satelitales de 1979 que evidenciaban alteraciones en el terreno. Estos datos confirmaron la hipótesis de que en ese sector funcionaron fosas comunes donde se intentó ocultar de forma sistemática el destino final de cientos de detenidos que pasaron por La Perla.
Este hallazgo se produce casi cinco décadas después de los crímenes y 28 años después de que se iniciara el expediente judicial original por una denuncia de figuras como Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez. La campaña arqueológica que permitió estas identificaciones comenzó a finales de 2024 y se extendió durante gran parte de 2025, removiendo toneladas de tierra en un área de alta probabilidad de enterramientos. Con este avance, la justicia federal cordobesa da un paso determinante para brindar respuestas a las familias que integran la querella y para reconstruir la verdad sobre uno de los centros de exterminio más letales del país.
